El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Dos Hermanas (Sevilla) ha decretado el archivo provisional de la causa abierta contra siete personas por los presuntos delitos de malos tratos y trato degradante cometidos sobre los internos de la residencia para discapacitados que los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca poseen en la barriada nazarena de Montequinto.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, por medio de un auto dictado el pasado mes de julio, el juzgado instructor ha decidido archivar la causa abierta contra estas siete personas, entre las que se encontraban, según las fuentes, cuatro trabajadores, un voluntario y dos religiosos de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca.

Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número de Dos Hermanas ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones conforme el artículo 541.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que procederá el sobreseimiento provisional "cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa".

De este modo, y tal y como publica en su edición de este viernes el rotativo 'El País', la juez instructora entiende que no existen indicios suficientes para considerar que se produjeron malos tratos de manera sistemática, así como que los cuidadores de los discapacitados imputados en la causa no tuvieron intención de menoscabar la integridad física y moral de los internos.

Conviene recordar que fue la propia Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía la que, en diciembre del año 2009, puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de supuestas irregularidades cometidas en la gestión de este centro que cuenta con 30 plazas para discapacitados intelectuales, todas ellas concertadas con la Administración autonómica.

En esta línea, la titular del ramo, Micaela Navarro, ya informó de que, en septiembre de 2009, la Junta abrió un expediente administrativo por incidencias de "menos gravedad" detectadas en el transcurso de un inspección, relacionadas con la existencia de algunos lotes de alimentos caducados o irregularidades en las instalaciones de carácter leve.

Responsabilidad civil subsidiaria

Navarro aseguró entonces que la Administración autonómica, respondiendo a su obligación, denunció las supuestas irregularidades a la Fiscalía "de modo inmediato en cuanto tuvo conocimiento de los hechos", tras lo que el Ministerio Público, que ha anunciado que no recurrirá el archivo de la causa, interpuso la correspondiente denuncia.

Hay que recordar que el Juzgado ya archivó a principios del presente año 2011, por falta de pruebas, otra causa contra el director de la residencia por instigar un supuesto acoso a los trabajadores que denunciaron malos tratos a los internos.