El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha pedido este jueves que la división entre los partidos políticos "no se siga trasladando" al ámbito de la justicia, "ni se pierda el tiempo o la perspectiva de acuerdo para la modernización del aparato judicial", abogando de igual formal por pactar y ejecutar "sin excesivas demoras" las grandes reformas pendientes.

Durante su intervención en la apertura del año judicial en Andalucía, en Real Chancillería de Granada, Del Río ha apelado además por que la justicia sea "una prioridad pública", teniendo en cuenta que están a punto de comenzar nuevas legislaturas que, en su opinión, "deben estar presididas desde el primer día por un esfuerzo consensuado y sostenido de los responsables políticos" que permita "caminar en idéntica dirección" para "superar los males endémicos" de la justicia y garantizar un servicio público de calidad.

"El problema es complejo y costoso de resolver, pero no se puede dar la sensación de que sea irresoluble o que puede alargarse en el tiempo de forma indefinida", ha dicho el presidente, que asimismo ha reflexionado acerca de la "judicialización de la política", o la "politización de la justicia".

Según su criterio, "el juez no está llamado a ser un protagonista de la vida política", y por ello no se le debería someter a tomar decisiones en "conflictos políticos". Además, debe partirse, en su opinión, de la "premisa indiscutible" de que el juez "no debe estar sometido a directrices políticas e ideológicas ni actuar por perjuicios de cualquier tipo", y, por otra parte, ha considerado "esencial" que los medios de comunicación social "informen y opinen sobre el desarrollo de los procesos relevantes por su interés informativo".

Al hilo, ha aludido a diferentes "patologías": La "constante" traslación de conflictos políticos al espacio judicial, por el que el juez puede verse "atrapado" en la dinámica desencadenada "por quienes buscan la explotación política y mediática de un proceso"; el "uso indebido" o "abusivo" de las libertades en el debate público, "donde parece que todo cabe", como insultos o difusión de noticias "inveraces"; o los juicios "paralelos" de opinión en los medios de comunicación".

Del Río, que abre por primera vez el año judicial después de que fuera nombrado presidente del TSJA, ha incidido en que si a lo anterior se añade "el déficit de confianza que implican las disfunciones causantes de la lentitud de la justicia", "estaremos creando las condiciones para un resultado altamente perjudicial en un futuro no muy lejano".

Las soluciones

No obstante, y pese a lo anterior, ha ofrecido soluciones para contener estas consecuencias negativas. En primer lugar, el juez, que "ha de reforzar su propia independencia e imparcialidad, motivando jurídicamente sus decisiones y evitando los prejuicios que puedan asaltarle". Además, ha de extremarse, igualmente, a su juicio, el cuidado de la impresión que se transmite, "tanto a través de las resoluciones judiciales, en las que no deben incluirse expresiones o consideraciones ajenas a la justificación del fallo o decisión, como a través de manifestaciones o declaraciones que a veces se hacen", es decir, ha dicho, "la ética y la estética".

En segundo lugar, considera que la "válvula de seguridad" recae sobre los representantes institucionales, políticos, y medios de comunicación. Sobre estos últimos, ha criticado la abundancia excesiva de "realities", que, a su entender afloran el nuevo refrán "juicios tengas y los televises", expresivo "de una práctica cotidiana poco edificante".

Finalmente, en tercer lugar, ha instado al "necesario equilibrio de poderes", a la independencia institucional, con pleno engarce, ha dicho, en la doctrina de la "separación de poderes". Del Río se ha preguntado qué falla en el equilibrio de poderes, considerando que "no funciona de forma transparente la distribución y el control de los poderes por otros, haciendo cierta la opinión de que la mejor ley queda desvirtuada por el mal uso que de ella se hace en la práctica, desnaturalizando las propias garantías preestablecidas".

Por ello, para finalizar ha exhortado a todos los implicados a construir en lugar de destruir parafraseando a Gandhi, que decía "nosotros mismos debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo".

El fiscal alerta de las carencias

Por su parte, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha alertado de "la asombrosa lealtad" de las carencias de la justicia pese al transcurrir de los años. "Siguen siendo notables y, en ocasiones, casi incomprensibles, impropias de una región ubicada en un estado de la Unión Europea, largamente denunciadas por todos los operadores jurídicos involucrados en la solución del problema y consideradas, de manera prácticamente unánime, perfectamente atendibles aunque lo sean de una manera paulatina", ha apuntado.

De hecho, García Calderón ha aludido a la falta de espacio suficiente, de oficinas adecuadas, de infraestructura personal y material, a la carencia también de asistencia técnica y de gabinetes de comunicación que le permitan cumplir con su deber de "informar adecuadamente a la opinión pública", a la ausencia de "suficientes instrumentos estadísticos fiables" e incluso de equipos multidisciplinares de investigación que sirvan para combatir la crisis económica.

Pero lo peor, ha afirmado, es que "se han volcado grandes esfuerzos y se han invertido grandes sumas de dinero en una modernización fallida". "Se ha dispuesto por las autoridades competentes de fondos públicos que debieran haber servido para resolver de manera definitiva y tajante un retraso histórico de la Justicia española, pero que no han conseguido más que sostener un funcionamiento incompleto, muchas veces incomprendido y bastante limitado", ha reivindicado.

Las soluciones de la justicia penal en España no pasan, bajo el criterio del fiscal superior, "por la creación indefinida de órganos judiciales o fiscales que, apenas entran en funcionamiento, quedan colapsados por una carga de trabajo desmedida que les obliga a perder tanto tiempo y esfuerzo en la solución de bagatelas jurídicas que debieran afrontar desde otras parcelas ejecutivas del Estado con distintas fórmulas de control administrativo".

García Calderón ha abogado, como ya ha hecho en otras ocasiones, con un Código Procesal Penal que otorgue la instrucción al Ministerio Fiscal y que resuelva, ha dicho, el "paciente anacronismo" del sistema.

"Cualquier escollo técnico, podría superarse con una relativa facilidad y no debiera entorpecer la evolución natural de una normativa que constituye uno de esos engranajes básicos para el correcto funcionamiento de la maquinaria del Estado y para recuperar plenamente y hasta límites razonables la confianza de los ciudadanos", ha recalcado el fiscal superior, que ha recordado que las principales reformas de la justicia no necesitan grandes dotaciones presupuestarias, sino que lo que precisan "es buscar una inclinación natural hacia la unanimidad o hacia el consenso".