El expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda ha señalado que es "completamente falso" que su Gobierno planeara privatizar algunos servicios sociales y ha añadido que ese documento es "falso" y "ha podido ser fabricado para justificar los recortes" del Gobierno de María Dolores de Cospedal e "invalidar la labor de la oposición".

"Si algún documento habla de esta cuestión" habrá sido "falsificado", ha señalado Barreda, quien ha comparecido en rueda de prensa después de que 'El Mundo' publicara una información en la que se asegura que el Gobierno socialista planeó privatizar colegios, asilos y autopistas, entre otras medidas.

Barreda ha comparecido después del a su juicio "ataque absolutamente despiadado y furibundo" del PP y del nuevo Gobierno regional, insistiendo en que nunca su Ejecutivo se planteó privatizar servicios sociales.

Además, ha recordado que el Ministerio de Economía no les aprobó el dicho plan de ajuste por considerarlo "insuficiente, que era demasiado abierto y no concretaba" y que tenía que "recortar todavía más", y ha agregado que en las aclaraciones que les pidió el departamento dirigido por Elena Salgado tampoco el Gobierno de Barreda hizo estos planteamientos privatizadores.

Barreda ha señalado que su Ejecutivo entregó al Gobierno 'popular' entrante este Plan de Equilibrio Económico-Financiero de Reequilibrio de Castilla-La Mancha en los años 2011, 2012 y 2013 por si le era de utilidad y ante el "ataque" del Gobierno 'popular' el expresidente no ha descartado ninguna medida y ha añadido que hará "lo que sea necesario para que la verdad prevalezca".

El plan, que ha sido entregado a los medios durante la rueda de prensa, pretendía ahorrar 753 millones y aumentar los ingresos en 215. El ahorro se produciría en: reprogramación de inversiones (130 millones), reducción en un 10 por ciento de los gastos corrientes (123 millones), reducción de las ayudas para los tramos superiores de renta (120 millones) y reducción a menos de la mitad del número de entes del sector público (100 millones).

La estrategia buscaba ahorrar 83 millones a través del control de las sustituciones y del límite de la tasa de reposición al 10 por ciento de las vacantes según se establece en el Acuerdo Marco con las comunidades autónomas y otros 50 millones por la anulación de los acuerdos retributivos pendientes de aplicación en el año 2011.

También se adaptaban las subvenciones nominativas al nuevo marco presupuestario (85 millones), se contenía el gasto farmacéutico (50 millones) y se endurecerían las condiciones para poder obtener la prescripción de incapacidad temporal (12 millones).

Por el contrario, se pretendía ingresar 80 millones a través de la adaptación de las "tasas y precios públicos a las circunstancias económicas del usuario/beneficiario", 60 millones en la gestión del patrimonio de vivienda y suelo, 53 millones con la venta de viviendas y locales comerciales de la Junta, y otros 22 millones por la capitalización de la adjudicación de los derechos de explotación potencial eólico.