Los empleados públicos de la Junta podrán prescindir del DNI para realizar trámites administrativos

El pasado 13 de septiembre entró en vigor una medida por la cual los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no tendrán que aportar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para realizar los trámites derivados de sus altas y nombramientos en la administración regional.
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EUROPA PRESS
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El pasado 13 de septiembre entró en vigor una medida por la cual los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no tendrán que aportar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para realizar los trámites derivados de sus altas y nombramientos en la administración regional.

Con esta medida, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, aplica el Decreto 33/2009 de 28 de abril en el que se traslada la legislación sobre procedimientos administrativos del Estado a las comunidades autónomas, ha informado la Junta en nota de prensa.

En virtud de este Decreto se suprime la necesidad de aportar determinados documentos de identificación en los procedimientos administrativos de la Junta u organismos vinculados a ésta.

Según la Junta, en Castilla-La Mancha esta norma, que permite a los empleados públicos no presentar el DNI para realizar trámites administrativos con la Junta, existía desde la entrada en vigor de este Decreto que debería haberse hecho efectivo el 1 de diciembre de 2009, pero no ha sido hasta ahora, con el actual Gobierno cuando se ha aplicado.

Para llevarlo a cabo, la Administración regional tiene acceso al Sistema Estatal de Verificación de Identidad (VDI) para altas y nombramientos de personal funcionario fijo e interino y para personal laboral fijo y temporal de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

Con la aplicación de este Decreto, la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas cumple con su compromiso de ahorrar en los costes de gestión de la administración regional y facilita las relaciones entre los empleados y la Junta al simplificar los trámites administrativos que los trabajadores públicos tienen que realizar con motivo de su alta o nombramiento en la función pública.

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