Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han estimado este jueves en unos 21 millones de euros la recaudación que obtendrá la Comunidad de Castilla-La Mancha en caso de aplicar sin bonificaciones el Impuesto de Patrimonio anunciado por el Gobierno para las fortunas superiores a los 700.000 euros.

El colectivo, en un comunicado, ha hecho un llamamiento a la comunidad para que no renuncie a este tributo "justo y equitativo" gracias al cual se podrán gravar las rentas más altas, que en muchos casos escapan al control del Fisco de forma fraudulenta o mediante distintos subterfugios legales.

A juicio de Gestha, la aplicación de bonificaciones no sólo supondría renunciar a unos ingresos vitales para reducir el elevado déficit autonómico, sino que también estarían disminuyendo el reparto solidario de las cargas fiscales entre contribuyentes.

Según los técnicos, los más de 4.000 castellano-manchegos que según los cálculos de Gestha deberán declarar este Impuesto de Patrimonio, cerca de 1.677 poseen una fortuna de entre 700.000 y un millón de euros, mientras que otros 1.900 disponen de entre uno y 2,5 millones de euros; cerca de 350 cuentan con entre 2,5 y 5 millones de euros; unos 100 tienen entre 5 y 10 millones de euros; y poco más de 40 poseen un patrimonio superior a los 10 millones de euros.

Según las estimaciones realizadas por Gestha a partir de los datos del ejercicio 2007 —último en que estuvo vigente el Impuesto de Patrimonio—, cerca de una tercera parte de los 1.080 millones de euros que el Ejecutivo espera recaudar con esta medida corresponderían a la Comunidad de Madrid (323 millones), cuya bonificación del 100% fue aprobada al comienzo de la legislatura.

También Cataluña, con 271 millones de aportación estimada, mostró en un principio ciertas reticencias a la aplicación de esta medida, postura que todavía mantienen la Comunidad Valenciana (109 millones) y varias otras comunidades sobre las que recae gran parte de la recaudación de este impuesto.

De no aplicarse un criterio uniforme en el ámbito nacional, Gestha ha alertado de que podría producirse una deslocalización de patrimonios, a través de la cual muchos poseedores de grandes fortunas podrían modificar su domicilio fiscal hacia las comunidades autónomas que eximan de su pago.