El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, observa en una resolución emitida a cuenta de la queja promovida por un vecino de Pino Montano, que el Ayuntamiento de Sevilla habría permitido una "aparente impunidad" y habría incurrido en "dilaciones excesivas" en la tramitación de varios expedientes disciplinarios incoados contra una cervecería. Esta resolución alude a dos expedientes emprendidos en el anterior mandato y considera que el Consistorio debería haber adoptado medidas al comprobar, reiteradas veces, que la música y los veladores de este negocio no se ajustaban a la licencia concedida.

Esta resolución de José Chamizo, fechada el 20 de julio del año en curso y recogida por Europa Press, parte de una queja elevada el 20 de mayo de 2010 por un vecino de Sevilla que avisaba del funcionamiento del bar 'La Cervecita', enclavado en la calle Telegrafistas, en el barrio de Los Carteros, en Pino Montano. Este vecino alertaba de que los veladores del negocio no contaban con autorización y lamentaba las "molestias" derivadas de los "elevados niveles de ruido generados" por el establecimiento a cuenta de su terraza y su música "a pesar de que no cuenta con licencia municipal que permita el desarrollo de tales actividades", según el denunciante.

Información aparentemente "contradictoria"

Tras consultar la situación de este negocio con las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, entonces gobernado por PSOE e IU-CA, el departamento de Chamizo avisa de que "la información facilitada por la Gerencia de Urbanismo y la Delegación de Medio Ambiente, respecto a la autorización para los veladores, parece resultar contradictoria". Y es que, según recoge esta resolución, la Gerencia de Urbanismo daba cuenta de que el bar "dispone de la autorización para la ocupación de la vía pública", mientras el área de Medio Ambiente "señala que tal autorización no existe".

Y es que el área de Medio Ambiente entregó el 6 de junio de 2011, "casi un año después" de reclamar la información la institución de Chamizo, un informe que reflejaba que contra este negocio habían sido incoados entonces "dos expedientes disciplinarios", uno de ellos por el uso de "elementos musicales no autorizados en la licencia". La información elevada a Chamizo por el área de Medio Ambiente, además, señalaba que diversas inspecciones posteriores daban cuenta de que el negocio "seguía disponiendo de aparatos musicales no autorizados y un número de veladores superior al autorizado", aunque en aquel mes de junio se constataba que el bar había pasado a manos de un nuevo titular que "ha solicitado el correspondiente cambio en la licencia de apertura y no posee licencia para veladores".

"impunidad" y "dilaciones excesivas"

Al margen de la "aparente contradicción" que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz detecta en la información facilitada por las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, la institución avisa de una "aparente impunidad de los ilícitos administrativos constatados", pues los técnicos adscritos al servicio de disciplina de la Delegación municipal de Medio Ambiente "en varias ocasiones han comprobado que el establecimiento disponía de sistemas audiovisuales no se encuentran autorizados por el Ayuntamiento", pero "pese a ello, no parece que se haya impuesto sanción alguna por tales hechos a pesar del tiempo transcurrido desde su constatación".

"Es más, parece ser que a la fecha de elaboración del informe evacuado estaba pendiente una medición de ruidos 'para formalizar, en su caso, las imputaciones o requerimientos que procedan', cuando tales imputaciones y requerimientos ya debían haber sido girados al comprobarse que el establecimiento cuenta con una mini-cadena y un proyector en el techo", reza literalmente en esta resolución de la institución de José Chamizo, que aprecia "dilaciones excesivas en la tramitación de los expedientes en cuestión".