El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, ha expresado su apoyo al proyecto de la refinería Balboa en Extremadura y el oleoducto que conlleva entre Los Santos de Maimona (Badajoz) y Huelva, por lo que ha pedido que el Gobierno central emita ya la declaración de impacto ambiental (DIA), que, según indica el consejero delegado de Refinería Balboa y Grupo Gallardo, Juan Sillero, debe efectuarse antes de las elecciones generales.

Tanto Herrero como Sillero han coincidido en asegurar que este proyecto "cumple todos los trámites y requisitos ambientales y económicos", por lo que a juicio de ambos "no se entiende esa paralización" del proyecto.

El presidente de la CEA ha indicado que este proyecto "lleva más de seis años paralizado, cuando ya se ha efectuado una inversión importante, que cuenta con todos los requisitos normativos y ambientales, por lo que está a falta de la DIA, que aún no se ha producido por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino".

"La burocracia no puede ser la asfixia de este proyecto que se ha enfrentado a una maraña administrativa que dificulta una resolución que debería ser rápida y urgente, máximo en esta época de crisis y de destrucción de empleo", ha agregado Herrero, para el que "no tiene sentido decir no cuando los promotores ya ha invertido 50 millones de euros impulsado por las administraciones, es una mala imagen para el resto del empresariado y de los emprendedores que puede llevar a la deslocalización de las empresas".

Tanto Herrero como Sillero han resaltado la generación de empleo que supondría este proyecto en Andalucía, de forma que, según Sillero, de forma directa e indirecta se generarían 3.000 empleos directos e indirectos, de los que al menos un 25 por ciento serían andaluces. La refinería supondrá una inversión de 2.000 millones de euros, de los que a Andalucía, por el oleoducto, corresponden 350 millones de euros.

Tres años de construcción del oleoducto

Asimismo, la construcción del oleoducto, en la que se prevén que se emplearán unos tres años, generará hasta un máximo de 6.500 puestos de trabajo, con un promedio de 3.500 operarios. Han resaltado la generación de actividad para la industria auxiliar y para empresas de la construcción.

Sillero ha precisado que Gallardo "ha llegado al final del proceso, según nos comunica todo el mundo, y una vez que se llega a ese final del proceso al órgano competente, el MARM tiene tres meses para pronunciarse y esos tres meses se cumplen antes de las elecciones", toda vez que, según Sillero, "el final del proceso se ha producido entre julio y agosto, por lo que el ministerio debe pronunciarse sobre la DIA antes de las elecciones, en octubre cumple el plazo".

No obstante, Sillero indica que esta declaración "no es un proceso reglado, y mañana mismo se puede volver a abrir el plazo porque algún organismo requiera algún informe adicional". "Las cuestiones medioambientales son complicadas porque no está legislado y tiene un alto componente de subjetividad por parte de los técnicos que analizan el proyecto".

El portavoz de Gallardo, que descarta por el momento acudir a los tribunales puesto que "es muy difícil recurrir algo cuando no hay una resolución final", ha dejado claro que ninguna administración "no ha mostrado ningún rechazo al proyecto, más bien todo lo contrario".

"falta de voluntad política"

Sillero ha explicado que entre los problemas que se está encontrando está el aumento del tráfico marítimo de Huelva, una cuestión, a su juicio "ridícula", cuando, según destaca "hay otro proyecto, una planta de otra empresa en Huelva que tiene el doble de tráfico marítimo que nuestro proyecto, y no ha habido oposición al mismo".

Otra "pega" al proyecto es "el peligro de que el oleoducto pueda afectar a Doñana, cuando discurre a 20 kilómetros del Parque Nacional". Sillero ha recordado que Europa "está surcada por oleoductos y de hecho España tiene 5.000 kilómetros de oleoductos".

"Objetivamente no hay razón para paralizar el proyecto, aunque desde el punto subjetivo se pueden poner pegar, y la DIA tiene mucho de subjetivo", ha agregado Sillero, para el que sí existe una falta de voluntad política por parte de las administraciones.

Por su parte, Herrero ha criticado que el concepto "desarrollo sostenible" tiene "un sesgo de desequilibrio hacia la sostenibilidad, cuando es necesario reequilibrio hacia mayor desarrollo, se trata de equilibrar los términos y evitar problemas no medioambientales, sino de medioambientalistas". "Hay desequilibrio en ese sentido en unos momentos en los que Andalucía tiene una situación como la que tiene", ha agregado.

El presidente de la CEA ha agregado que "si económica y medioambientalmente este proyecto es viable, no entendemos esta paralización, no se entiende que tarden tanto en autorizar el proyecto, cuando debería tener una atención preferente del Gobierno, debería existir especial sensibilidad de la Junta hacia estos proyectos y no las trabas burocráticas y la maraña administrativa existente".

Para Herrero, "hay voluntad política de las administraciones, pero el problema es que la voluntad expresada no se plasma en hechos". Asimismo, ha recordado que otros proyectos de oleoductos "han tardado pocos meses en ponerse en marcha".

Posición de extremadura

Sillero asimismo apuntó que el presidente de Extremadura, Jose Antonio Monago, "con independencia de lo que pueda pensar sobre el proyecto, está condicionado por los votos que le ayudaron a conseguir el poder, los de IU, que sí está claramente contra el proyecto; no sé si es prisionero de esto o él también piensa así".

Para este portavoz empresarial "no se transmite una voluntad política clara del presidente de la Junta de Extremadura, mientras que sí se transmite de la Junta de Andalucía".

Asimismo, tras apuntar que la participación de la Junta extremeña en este proyecto "es una participación simbólica", Sillero cree que "sería lamentable que un cambio de color político en otra comunidad autónoma provocara que el proyecto no pudiera salir, estamos tranquilos en ese sentido".