El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde, con el apoyo de PSOE-A y PP-A y la abstención de IULV-CA, a la tramitación de la proposición de ley presentada por el grupo socialista para modificar la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades (LAU), una propuesta que tiene como objetivo adaptar esta norma a los nuevos escenarios del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación, así como a los cambios introducidos en la legislación estatal en los ámbitos universitario, científico-tecnológico y de la innovación y la economía sostenible.

En su defensa de la iniciativa, el diputado socialista Antonio Núñez ha explicado que entre las modificaciones planteadas figuran las relativas a la adecuación de tipologías de profesorado, con la creación de nuevas figuras contractuales que facilitarán la enseñanza práctica-clínica en el campo de la salud a través de la vinculación de plazas asistenciales de instituciones sanitarias con puestos docentes de los cuerpos de profesores de universidad y de profesor contratado doctor.

Núñez, que ha apuntado que esta medida tiene como objetivo facilitar que el profesorado universitario compatibilice el dominio tanto de las materias académicas como de la práctica clínica y la labor asistencial, ha indicado que la educación es una prioridad para su formación y para el Gobierno andaluz, añadiendo que hay que seguir favoreciendo la progresiva vocación "multifuncional" de las universidades.

Por su parte, la diputada del PP-A Ana María Rico ha afirmado que su grupo no está de acuerdo con el método utilizado para realizar la modificación de la Ley Andaluza de Universidad, al tiempo que se ha preguntado por qué el Gobierno andaluz deja en manos del PSOE esta modificación "si le dan tanta importancia a los temas educativos y de formación". Además, ha advertido de un mayor grado de "intervencionismo" de la Junta en las universidades, a través de esta iniciativa.

Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha considerado "poco respetuosa y oportuna" esta iniciativa que, "aunque está firmada por el PSOE, ha sido elaborada desde la Consejería de Innovación a prisa y corriendo". Ha afirmado que si ha habido participación de las universidades y los agentes sociales en esta proposición ha sido "en plan compadre", añadiendo que dicha iniciativa apuesta por un modelo que pretende convertir la universidad en un objeto de "mercantilización".

Fomento de la cultura emprendedora

La proposición de Ley incluye como nuevo principio el del fomento de la cultura emprendedora para garantizar la vinculación entre investigación universitaria y sistema productivo. En esta línea, se abre la posibilidad de que las universidades participen en la creación de empresas de base tecnológica, parques científicos y tecnológicos y otras entidades del ámbito de la innovación. De igual modo, se incluyen medidas para potenciar la formación sobre creación y gestión inicial de negocios y apoyar, en las fases iniciales, a las empresas surgidas de la aplicación de conocimientos universitarios.

Otro bloque de modificaciones se dirige al establecimiento de un sistema integrado de gestión de la calidad; la promoción e integración de las enseñanzas virtuales; la potenciación del Sistema de Información Universitaria; el reforzamiento del papel de los Consejos Sociales de las Universidades como elementos de interrelación con la sociedad; la adecuación de la composición del Consejo Andaluz de Universidades a la estructura de la Consejería competente en materia de Universidades.

La proposición incluye asimismo disposiciones para incorporar la regulación por ley en materias de expropiaciones y de enseñanzas superiores que se imparten en la comunidad autónoma por universidades extranjeras pero que no forman parte del Sistema Universitario Andaluz. Respecto al primero de estos aspectos, se plantea el reconocimiento para las universidades públicas de la condición de beneficiarias de las expropiaciones forzosas que lleven a cabo las administraciones públicas para la instalación, la ampliación o la mejora de los servicios y los equipamientos universitarios.

Para garantizar la calidad de los servicios universitarios andaluces, la propuesta también especifica que debe quedar regulado por ley que la Consejería competente en materia de Universidades será encargada de realizar las actividades inspectoras y sancionadoras.

Finalmente, la proposición incorpora una disposición adicional de reconocimiento de la Universidad Loyola de Andalucía como universidad privada, en el marco del Sistema Universitario Andaluz. La mayor parte de las modificaciones propuestas responden a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades; la Ley 16/2007, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, modificada por la Ley 1/2011, de Reordenación del Sector Público de Andalucía; la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada el pasado mes de mayo.