El Ayuntamiento de Torrelavega y Transitia-Pavigom, empresa adjudicataria del servicio de transporte urbano, escolar y retirada de vehículos de la vía pública, han firmado este miércoles el acta de no conformidad, al considerar que "no se dan las condiciones para admitir el inicio de la prestación del servicio", porque faltan elementos básicos para que se lleve a cabo, "una situación que se considera que será sustancialmente la misma en los próximas días".

El Ayuntamiento ha concedido a la empresa un nuevo plazo para poner en marcha todos los servicios, con un calendario de obligaciones que expira el 1 de octubre. El acta de no conformidad ha sido firmada por el concejal de Movilidad, Alejandro Fernández Berjano, y por técnicos municipales, junto al gerente de la empresa concesionaria.

Los representantes municipales han observado la "carencia total" de implantación del SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación), de la red de venta de ticket y bonos y de un sistema de atención al público, extremos que figuran en las condiciones vinculadas al contrato. CALENDARIO

El Ayuntamiento, tras exponer todas las deficiencias y carencias observadas, ha requerido a la empresa la solución de las mismas, estableciendo un calendario para cada una de las obligaciones. Así, antes del 21 de septiembre, todos los vehículos deben haber superado la ITV, y el 22 deben estar en Torrelavega para ser objeto de inspección municipal con la documentación pertinente.

También antes del 21 de septiembre deberá quedar acreditado el pago de los seguros para su vigencia durante el ejercicio siguiente, y antes del día 23 la empresa debe depositar en el Registro Municipal el proyecto técnico correspondiente a las marquesinas y SAE en paradas y banderolas, garantizando que dispone de los mismos o, en su caso, depositar una garantía de 200.000 euros para asegurar su implantación.

Por otro lado, antes del 23 de septiembre la empresa tiene que justificar la disposición o planificación para la puesta en marcha de los servicios de atención al cliente, quejas y reclamaciones, puntos de venta y retirada de vehículos.

Y también debe presentar justificación de disponer de los medios para la implantación del SAE central y vehículos y su relación con marquesinas, aportando dicho material y el contrato con la empresa que ha de implantar el mismo. El Sistema de Ayuda a la Explotación es un conjunto de equipos que permite conocer la situación de los autobuses en cada momento y transmitir esta información a los usuarios.

Al contratista también se le recuerda que antes de la selección del personal, la empresa debe someter a visado municipal los procedimientos a seguir, comunicando los criterios objetivos para aplicar dicha selección.

El Ayuntamiento efectuará, en la semana del 19 al 23 de septiembre, todas las actuaciones oportunas en orden a la inspección y resolución de la licencia municipal solicitada por el concesionario para la implantación de las naves.

Antes del 23 de septiembre deberá firmarse el acta contradictoria de conformidad de los parámetros correspondientes a los kilómetros a efectuar en cada expedición. Y dos días antes de la prestación del servicio de transporte escolar debe aportarse la existencia de los medios necesarios para facilitar la información y control de los alumnos.

Por último, antes del 21 de septiembre, la empresa debe tener instalado un ordenador en el que poder instalar el programa de gestión de vehículos retirados de la grúa y contratar la línea telefónica prevista.

En todo caso, el Ayuntamiento advierte a la empresa concesionaria que la no puesta en marcha de todos los servicios el 1 de octubre de 2011, al menos en sus principales funciones y los términos establecidos en el pliego de condiciones y en la oferta realizada por el licitador, "dará lugar, sin ninguna otra prórroga, a la tramitación del expediente de resolución del contrato".

Así concluye el acta de no conformidad firmado este miércoles a las 12.15 horas. Poco antes, a las 11.30 horas, el concejal de Movilidad Urbana, Alejandro Fernández Berjano (PP), ofrecía una rueda de prensa en la que señalaba que el transporte urbano tenía que empezar a funcionar en septiembre y que la empresa debe cumplir todos los compromisos exigidos en el pliego de condiciones del contrato.

Destacaba también que el equipo de Gobierno actual no es responsable de los problemas que está generando este contrato que se gestión en la legislatura anterior, bajo el mandato del PSOE, y que el transporte urbano ha de ser un servicio "inteligente".