El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en las Cortes una solicitud de comparecencia del Síndico de Cuentas, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, horas después de que la Mesa de las Cortes haya calificado el informe sobre la situación de las finanzas de la Junta de Comunidades a fecha de 30 de junio de 2011, "dejando en evidencia las mentiras y las exageraciones de De Cospedal y su Gobierno sobre la situación del déficit en Castilla-La Mancha".

En rueda de prensa en la sala de prensa de las Cortes, el portavoz de los parlamentarios socialistas, José Luis Martínez Guijarro, ha advertido de que dicho informe "rectifica" los datos que ofreció la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, con respecto a la situación financiera de la región.

Martínez Guijarro, ha señalado que en el informe señala que, a 30 de junio, el déficit de Castilla-La Mancha es de 1.532 millones de euros, exactamente la misma cifra que ofreció la semana pasada el Ministerio de Economía cuando hizo públicos de los datos referidos a todas las comunidades autónomas para el primer semestre de este año.

"Esos 1.532 millones de euros representan casi 900 millones de euros menos que los denunciados en su día por De Cospedal y varios miembros de su Gobierno, que hablaban de un desajuste presupuestario que rozaba los 2.400 millones de euros", ha destacado.

A su juicio, los datos del Ministerio de Economía, la semana pasada, y de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, hoy, ponen en evidencia que De Cospedal y su Gobierno "han estado engordando las cifras de déficit con el único objetivo de justificar su tremendo Plan de Recortes, que ataca directamente a la Sanidad, la Educación y los servicios sociales", según Guijarro.

Otras variables

Además del dato de déficit, la Sindicatura de Cuentas, en opinión de los socialistas, pone en evidencia que De Cospedal tampoco dijo la verdad en otras variables presupuestarias. De esta manera, mientras la Presidenta dijo que en la caja de la Junta, a 30 de junio, había 36 millones de euros, el informe oficial pone de manifiesto que esa cifra ascendía a los 212 millones de euros.

En el mismo sentido, mientras que De Cospedal y sus consejeros no han hecho referencia nunca a los derechos pendientes de cobro a favor de la Junta de Comunidades, la Sindicatura entiende que esa partida supone 324 millones de euros. En definitiva, que mientras el actual Gobierno ha asegurado que las necesidades de financiación de la Administración regional eran de casi 2.600 millones de euros, las cifras oficiales rebajan ese dato en 600 millones de euros, hasta los 2.002 millones de euros.