La juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz que emitido un auto en el que requiere "personalmente" a los administradores concursales del Grupo Jale —empresa declarada en suspensión de pagos— para que procedan a reintegrar a la masa activa de acreedores las cantidades por ellos cobradas "sin autorización judicial y sin permiso de la juez", cifradas en cerca de tres millones de euros.

Según indica el auto, consultado por Europa Press, contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

A raíz de un procedimiento iniciado por el empresario José Antonio López Esteras, propietario de Jale, quien requirió en varias ocasiones la suspensión de las cantidades percibidas y quien argumentaba que los administradores concursales designados en los concursos de Jale Construcciones, Inmobiliaria Amuerga y también en Inverluna "habían percibido una cantidad superior y excedida a la señalada en los autos donde se fijaban retribuciones provisionales".

Según el auto, cada uno de los administradores concursales "tenía derecho a percibir un total de 703.163,42 euros obtenidos de la suma de lo obtenido en el concurso de Inmobiliaria Amuerga, el de Jale Construcciones e Inverluna".

A esas cantidades se suman otras sobre las que la administración concursal asegura tener derecho a percibir por la dirección técnica de acciones de reintegración a raíz de una serie de incidentes en cada uno de estos procesos concursales, que suman 1,3 millones en el caso de Amuerga y 470.976,41 euros en el caso de Jale Construcciones.

Ahora, tras diversas actuaciones seguidas durante varios meses y tras varios requerimientos de cantidades, el Juzgado requiere, de nuevo, a los administradores concursales de Grupo Jale para que devuelvan las sumas cobradas sin autorización judicial.

De esta forma, el Juzgado ha dictado un auto en el que se detallan exhaustivamente los importes cobrados por los administradores concursales, indicando que uno de los administradores, Tomás Torres Peral, ha cobrado 1.501.969,68 euros; otro, Alejandro Bengio Bengio ha cobrado 1.501.969,68 euros; y el tercero, Daniel Pastor Vega, ha cobrado 1.483.934,80 euros.

Tras esto la juez insiste en que, "sin su autorización y vulnerando la 'par conditio creditorum', los administradores concursales han cobrado unas sumas que no están autorizadas, indicando, textualmente, siendo cierto que los administradores concursales han cobrado una cantidad mucho mayor de la autorizada en cada uno de los concursos".

En el auto ahora notificado se pone de manifiesto que los administradores concursales, "sin perjuicio de lo que, en su momento resulte, tienen autorizado el cobro de, en total, un 1,2 millones de euros, y, por ello, habiendo cobrado la suma de 4,5 millones de euros, deben reintegrar lo indebidamente cobrado, cerca de tres millones de euros".