El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un acuerdo por el que manifiesta el criterio favorable a la proposición de modificación de la Ley 5/1998, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Este proyecto de reforma tiene su origen en la propuesta realizada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad, con el objetivo de profundizar en los mecanismos de participación directa de la ciudadanía en las tareas legislativas.

La proposición plantea rebajar de 75.000 a 40.000 el número de firmas necesarias para la tramitación de una iniciativa legislativa popular y de 35 a 25 la cifra mínima de ayuntamientos si surge del ámbito municipal. Asimismo, propone ampliar de cuatro a seis meses el plazo de recogida de firmas desde que la Junta Electoral de Andalucía notifica la admisión de las iniciativas hasta su presentación en la Cámara autonómica, además de modificar el procedimiento para admitir sistemas de tramitación electrónica.

Junto con la reforma de la Ley 5/1998, la proposición de Ley respaldada hoy por el Consejo también estima conveniente un futuro cambio en el Reglamento del Parlamento de Andalucía para hacer posible la personación de los promotores de iniciativas legislativas populares en la Cámara.

Esta medida permitirá la presentación de las propuestas en el Pleno a través del 'Escaño 110' y el seguimiento de los correspondientes debates en iguales condiciones que los diputados, así como la participación en las comisiones parlamentarias.

En su acuerdo de respaldo a la proposición de Ley, según ha explicado la consejera de Presidencia, Mar Moreno, en rueda de prensa, el Gobierno andaluz subraya la necesidad de situar a la ciudadanía como eje de la democracia a través de su incorporación directa en las tareas legislativas. Este derecho está reconocido explícitamente en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.