El comité de empresa del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia ha denunciado este lunes que el centro ha decidido no contratar a los jóvenes investigadores becados desde hace dos años pese a que estaba obligado legalmente.

En un comunicado, el comité de empresa ha explicado que el CIPF tiene abierto un programa de contratación de investigadores para la realización de tesis doctorales, que se acoge a la normativa dispuesta en el Real Decreto 63/2006 del Estatuto del personal investigador en formación.

Dicha normativa establece un período inicial de dos años de beca, seguida por dos años de contrato laboral, para los licenciados que se acojan a la misma, y obliga a los Centros de I+D a la realización de dicho contrato tras finalizar los dos años de beca y obtener el Diploma de Estudios Avanzados o el certificado académico correspondiente.

Según el comité, "el CIPF, a pesar de las obligaciones legales contraídas con su plantilla de investigadores en formación, ha decidido deshacerse de estos investigadores poniéndolos en la calle de manera fulminante".

En una escueta nota, el director científico del CIPF, Carlos Simón, y su gerente, Carlos Pérez Espuelas, han comunicado a dos investigadoras que han finalizado su fase de beca y deberían ser contratadas por la empresa, que no se les va a realizar ningún contrato, aduciendo causas económicas. El primer despido se realizará el próximo martes.

"Esta decisión unilateral, repentina y sin la debida planificación, interrumpe el desarrollo de la investigación realizada por las personas afectadas, truncando la posibilidad de la obtención del título de Doctor, después de dos años de trabajo como becarias", ha añadido.

Se da la circunstancia, según el comité de empresa, de que "las causas económicas aducidas por la Dirección del CIPF contrastan con gastos injustificados de toda índole, entre ellos gastos para promover la incorporación de empresas privadas a este centro de investigación, el cual es mantenido económicamente con fondos públicos".

"La transparencia en las cuentas económicas del CIPF en los últimos años deja mucho que desear, y ha sido motivo de repetidas denuncias públicas y ante la Inspección de Trabajo", ha resaltado el comité de empresa.

Además, el comité ha informado de que el pasado 4 de agosto solicitó por escrito al director científico del CIPF, Carlos Simón, y al patronato del CIPF, cuyo presidente y vicepresidente son, respectivamente, el conseller de Sanitat, Luis Rosado, y Santiago Grisolía, que reconsiderasen su postura. No obstante, ha manifestado que no ha obtenido ningún tipo de respuesta por su parte.

Igualmente, el comité se reunió con la Gerencia del CIPF para manifestar la obligación del CIPF de contratar a los licenciados becarios después de dos años de beca e informó de que en caso de no efectuarse la contratación se daría la circunstancia de que los trabajadores afectados habrían estado trabajando dos años en fraude de ley (sin relación contractual con la empresa).

Sin embargo, "aún sabiendo que se está infringiendo la ley, el Gerente del CIPF manifestó su intención de seguir adelante con estos despidos", ha afirmado.

"rompe el espíritu de promoción"

"La situación de gestión presupuestaria y laboral en el CIPF ya ha dejado de ser irregular, para pasar a ser claramente ilegal. Con su última decisión de deshacerse de los investigadores predoctorales, el CIPF incumple las normativas laborales más básicas, vulnera el Estatuto del personal investigador en formación, rompe el espíritu de promoción de formación en investigación, y trunca la trayectoria científica de un colectivo de investigadores jóvenes, a los cuales ha mantenido dos años en fase de beca, con salarios ínfimos, a cambio de un trabajo altamente cualificado", ha destacado.

Por su parte, la asociación Joves Investigadors ha comentado en un comunicado a este respecto que el CIPF quedó inaugurado en 2005 con el propósito de convertirse "en buque insignia de la investigación española".

Sin embargo, "la errática política de la Conselleria de Sanitat, connivente con el despilfarro en la gestión presupuestaria del centro, está a punto de provocar el colapso de su actividad y quizás incluso su cierre definitivo".

En cumplimiento de la Carta Europea del Investigador, Joves Investigadors ha reclamado la formalización de "todos los contratos laborales derivados de ayudas predoctorales concedidas por el CIPF, una vez finalizada su fase de beca" y ha instado a la opinión pública a sensibilizarse sobre los criterios empleados para aplicar los recortes, "orientados por la conveniencia política, el amiguismo y el clientelismo, y no por criterios de eficiencia o académicos", ha censurado.