Es una de las medidas acordadas ayer por la Comisión de la Policía Judicial de Alicante, creada para coordinar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia para luchar contra la delincuencia en la provincia.

Las Policías también reclaman un poco más de flexibilidad y cooperación de los jueces para luchar contra el crimen organizado (más tiempo para poder pinchar teléfonos, órdenes de registro más rápidas y múltiples, una guía para que sepan cómo actuar en los juzgados pequeños).

El objetivo es hacer pautas comunes de actuación para los policías, los fiscales y los jueces y así acelerar las órdenes judiciales de entrada de registro a los domicilios o ampliar de 15 días a dos meses la intervención de líneas telefónicas en asuntos como tráfico de drogas, bandas criminales o violencia contra las mujeres.

Precisamente, de maltrato doméstico habló ayer en la comisión el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro.

Magro dijo que en la Comunitat hubo en 2005 unas 11.000 denuncias por estos motivos, de las que 4.000 se presentaron en la provincia de Alicante y, de ellas, 3.000 terminaron en una orden de protección.