El expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) propuesto por la empresa andaluza Urende, con sede en Córdoba, que afecta a 390 empleados de los 700 que componen la plantilla y supone el cierre de doce de las 22 tiendas que la entidad tiene en España durante dos meses, entra en vigor este jueves 1 de septiembre.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Comercio, Turismo y Juego (CHTJ) de UGT Córdoba, Antonio Vacas, ha explicado que las tiendas afectadas están cerradas desde el lunes y la mercancía ya se encuentra en los diez establecimientos que permanecen abiertos.

Asimismo, ha manifestado la "satisfacción" de los empleados a los que la empresa les ha informado de que pagará el 70 por ciento del salario de julio entre este miércoles y el jueves y la semana que viene "probablemente" liquidará el restante 30 por ciento, todo ello como consecuencia de una campaña de ofertas del 50 por ciento en las ventas de producto realizadas la semana pasada, "lo que ha permitido tener liquidez para pagar".

Mientras tanto, Vacas prevé que la entidad entré en concurso de acreedores antes del próximo día 15 septiembre, a pesar de que en un principio se barajaba este miércoles 31 de agosto, de manera que "ahora los trabajadores esperarán al concurso y al administrador judicial para el pago de la nómina de agosto", indica el sindicalista, quien cree que Urende "con mercancía vende y haciendo ofertas puede ser competitiva la empresa".

Por su parte, el sindicato CCOO ha solicitado en una nota una reunión al viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Justo Mañas, para que "se aceleren" los trámites de las prestaciones de desempleo que corresponden a los trabajadores," para que puedan cobrar las prestaciones cuanto antes", indica el responsable de Comercio y Acción Sindical de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Andalucía, Fermín Rodríguez.

Así, desde CCOO esperan que Urende aproveche estos dos meses para poner en marcha un plan de viabilidad que contemple la búsqueda de financiación que posibilite el pago de los salarios que se adeudan a los trabajadores y a su vez llegue a un acuerdo con los acreedores para "sanear la situación económica", manifiesta Rodríguez, quien matiza que "de no llevarse a cabo todas estas medidas, el ERTE será un parche".

A juicio del sindicalista, "se debiera aprovechar este periodo para intentar vender las tiendas que han cerrado a otro operador o cadena de electrodomésticos, para que los trabajadores de Urente afectados por el ERTE sean subrogados en sus condiciones laborales y así evitar la destrucción del empleo de las personas afectadas".

Retomar "el vuelo"

En concreto, la Dirección General del Ministerio de Trabajo e Inmigración dio el visto bueno hace poco más de una semana al expediente de regulación temporal de empleo con el que los trabajadores confían en que "la empresa retome el vuelo".

En concreto, las diez tiendas que se mantienen abiertas se ubican en Córdoba, Tomares (Sevilla), Málaga, Jaén, Granada, Huelva, Almería, Vícar (Almería), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Ciudad Real; situación que supone "un paso atrás de repliegue de la empresa ciñéndose a Andalucía, pero que se espera que sirva para dar después un paso adelante".

Por contra, las doces tiendas que cierran por la entrada del ERTE son las de Badajoz, Plasencia (Cáceres), Gandia (Valencia), Alzira (Valencia), Valencia (Capital), Castellón, Valladolid, Burgos, Marbella (Málaga), Utrera (Sevilla), Sevilla ciudad y Córdoba.

El ERTE tiene una duración de 60 días y los 390 empleados afectados recibirán de la empresa un complemento de 400 euros lineales, 100 euros para los empleados que a la finalización del ERTE permanezcan en la empresa, como complemento al desempleo, y 300 que se sumarían a las futuras indemnizaciones para las extinciones definitivas de contrato. Los sindicatos califican el trámite como "balón de oxígeno" que le dan a la empresa, en situación de preconcurso de acreedores y con una deuda de 180 millones.