La Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A) quiere poner en cuestión la posible reforma de la Constitución que PP y PSOE pretenden aprobar y, aunque es "consciente" de que es necesario llevar a cabo un cambio en el modelo que regula los gastos y los ingresos estatales y comparte el objetivo del equilibrio presupuestario, "teme que se haga a través de los recortes sociales".

De ser así, según ha indicado en una nota, fijar constitucionalmente un techo del gasto público, significaría que "los colectivos más necesitados seguirían pagando los mismos impuestos a cambio de recibir menos prestaciones".

La Unión de Consumidores no entiende que se lleve a cabo ninguna reforma que afecte a las prestaciones sociales "sin que se lleve a cabo previamente una seria y profunda revisión del sistema fiscal que implique que, para conseguir el tan deseado equilibrio entre ingresos y gastos, se asegure que paguen más los que más tienen".

Igualmente, como organización socialmente comprometida, quiere alertar sobre su preocupación de que la medida pudiera conllevar a "la larga la privatización de servicios sociales, que podría ampararse en la reforma del artículo 135 de la Carta Magna".

Además, la Unión de Consumidores quiere criticar "duramente" el procedimiento que se va a seguir para aprobar dicha reforma cuando son muchas las organizaciones sociales y ciudadanas que están mostrando su rechazo a la misma. Esta federación entiende que una reforma de tal calado "ni puede ni debe abordarse así: excluyendo el necesario, fundamental y legítimamente democrático consenso social".

La Unión de Consumidores de Andalucía muestra su apoyo a las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT de Andalucía para el próximo 1 de septiembre y acudirá este jueves a la subdelegación del Gobierno en Sevilla para mostrar su rechazo a esta medida.