La dirección de Locsa, centenaria factoría metalúrgica cordobesa que su actual propietaria, la multinacional italoalemana KME, quiere cerrar y prescindir de sus 120 empleados, ha dado de límite hasta el miércoles para que el comité de empresa reunido en asamblea con los trabajadores acepte y "recapacite" sobre las últimas propuestas.

En declaraciones a Europa Press, el director general de KME en España, Andrés Barallobre, ha explicado que la empresa ha hecho este lunes una propuesta "definitiva" basada en el plan social del 28 de junio de este año, de modo que "permite alcanzar un nivel indemnizatorio mínimo de casi 50 días por año y prejubilaciones desde los 52 años de edad, equivalente a una indemnización media de casi 60 días por año si se considera también a los trabajadores de menos de cuatro años de antigüedad, algunos de los cuales se llevarían hasta 270 días por año de indemnización". Además, los jóvenes recibirán indemnizaciones de 10.000, 20.000 y 30.000 euros en función de los años en la empresa.

Mientras, la propuesta alternativa de la parte social supone, a su juicio, "algo irreal" ya que se piden indemnizaciones de 60 días por año sin límite más una anualidad lineal a todos los trabajadores; "algo fuera de toda lógica". Valga como ejemplo que para el caso de un empleado con una antigüedad de seis meses en la empresa y sueldo bruto anual de 16.000 euros la indemnización alcanzaría los 26.000 euros o 471 días por año, detalla Barallobre.

Por ello, se ha pedido oficialmente al comité de empresa que se plantee una votación en la asamblea de trabajadores, con voto secreto como estipula el artículo 80 del Estatuto de los Trabajadores, "algo que hasta la fecha no ha consentido en ninguna asamblea el presidente del comité, Francisco Pozuelo", critica el dirigente, al tiempo que advierte de que a falta de una aceptación formal de la propuesta hasta el próximo miércoles 31 de agosto por parte de las asamblea de trabajadores de la planta de Córdoba, "el grupo KME se retirará definitiva e irrevocablemente de la negociación".

Para el representante de la empresa, "ha quedado claro que el comité acepta el cierre y no tiene solución institucional ni ningún inversor que pueda hacerse cargo de la actividad después de cinco meses desde el inicio de las negociaciones", y también reprocha que "las instituciones han engañado a los trabajadores y se han hecho promesas que después no se han cumplido y siempre se ha hecho todo en contra de KME".

Por ello, reitera, la empresa da de límite hasta el día 31 de agosto para "aceptar la propuesta o se retirará definitivamente y se analizarán las soluciones que se pueden tomar para la viabilidad de la fábrica", porque, manifiesta, "ahora no hay trabajo y no hay dinero, están impagadas las nóminas de julio por la falta de fondos y el accionista no está dispuesto a perder más dinero aportando más créditos".

"Si aceptan, el grupo hará un cierre ordenado pagando todo lo pendiente y buscará dinero para las indemnizaciones, y si no es así, la dirección dejará que la empresa siga el curso legal que corresponda en función de la situación", indica Barallobre, quien aclara que aún con todo "no se plantea aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE), puesto que es una vía politizada". TRABAJADORES

Por su parte, los trabajadores han acordado mantener vivo el lema de 'Locsa no se cierra', que ha marcado todas sus movilizaciones desde que el pasado abril KME anunció que iba a cerrar su planta cordobesa, alegando unas pérdidas acumuladas en los últimos cuatro años de 17 millones de euros, que ahora ha elevado a 20, al contabilizar el primer semestre de 2011.

Después de que la empresa presentara un ERE que afectaba a toda la plantilla y que la Junta rechazó al no verlo justificado, y tras el anuncio de KME de que instará concurso de acreedores para Locsa, los trabajadores no se van a rendir y, según ha subrayado Pozuelo, van a "intentar meterle el dedo en el ojo a la empresa, usando las leyes".

También piensan aprovechar en su favor "el apoyo incondicional del Ministerio de Industria y de la Junta de Andalucía", pues, según ha recordado el sindicalista, las administraciones públicas están dispuestas incluso "a ayudar económicamente en todo lo posible para continuar la actividad, con un nuevo modelo industrial, sin ningún problema", y los trabajadores utilizarán esa baza y cualquier otra legal que tengan a su alcance, "para parar este envite de la empresa", que la pasada semana despidió a 12 trabajadores y decidió el traslado forzoso de otros once a sus instalaciones de Barcelona.

Frente esta estrategia de KME, los trabajadores de Locsa siempre han destacado que la fábrica cordobesa es viable y rentable a plena producción y que incluso podría generar más empleo, una vez recuperados los clientes y las líneas de distribución de su producción de laminados y derivados de cobre y zinc en cuatro continentes, que KME había desviado en favor de sus factorías de Italia y Alemania, siendo esa la razón por la que la multinacional no estaría dispuesta, según los trabajadores, a dejar Locsa en manos de otro inversor, para que no le haga la competencia.