El portavoz del Grupo Parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha asegurado, tras conocerse el texto final pactado entre socialistas y populares, que la reforma del artículo 135 de la Constitución es "muy positiva", al tiempo que ha defendido que "no afecta" a las competencias económicas que ejercen las comunidades autónomas.

En rueda de prensa este lunes en la Cámara gallega, también ha concluido que lo que hace España es "adelantarse" al resto de la Unión Europea y adaptarse a las normativas comunitarias, lo que, a su juicio, significa crear más Europa y "avanzar" en la conformación de europea.

Del mismo modo, aprovechó para reivindicar que Galicia ya ha sido pionera en este sentido, aprobando una ley de estabilidad presupuestaria, y ha recordado que también la gallega es de las pocas comunidades que ha cumplido el pacto estatal de contención del déficit público.

Durante su intervención, Pedro Puy ha calificado de "extremadamente positivo" que los dos principales partidos adquieran un compromiso de este tipo, de forma que se ha mostrado "muy de acuerdo" una vez conocida la redacción. En este sentido, ha considerado que, desde la perspectiva autonómica, "permite actuaciones concretas y flexibilidad suficiente" para realizar la política económica.

En este sentido, Pedro Puy ha saludado que el pacto político alcanzado por socialistas y populares incluye expresamente consultar a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este contexto, ha destacado que la "senda" que se establece en el conjunto del Estado es "muy similar" a la iniciada en Galicia por el PPdeG, con el "apoyo" del Partido Socialista, con la ley de estabilidad aprobada por el Parlamento de Galicia y que incluye esos "principios similares, idénticos" de la reforma constitucional.

Servicios sociales

Sobre las críticas vertidas contra la reforma en el sentido de que pueden significar una privatización en la sanidad y educación, ha respondido advirtiendo de que "lo que se conoce el riesgo es de financiar los servicios públicos con deuda y déficit", es decir, que eso "lleva a un desastre económico, a una crisis como el actual, y a configurar estado insostenible".

Así las cosas, ha avisado ante las críticas, que el BNG u otro partido de izquierda que "si creen que el gasto público debe subirse al 60 o 70 por ciento", se pueden "presentar a las elecciones y, si ganan, hacerlo". "Esta ley lo que dice es que si se quiere gastar más tiene que hacerse recaudando más", ha rebatido a las opiniones en contra.

De esta manera, se ha reafirmado en que "la crítica del Bloque es infundada y la contracrítica es bastante fácil de ver", porque se puede ver "hacia donde se lleva un país" que "no es capaz de pagar" su déficit estructural ni en situaciones de pleno empleo.

Lealtad constitucional

Dicho esto, ahora espera que en la ley orgánica permita "avanzar en la carencia" de las relaciones del ámbito financiero entre el Estado y las comunidades autonómicas, es decir, en el principio de "lealtad institucional", lo que implica en materia financiera que cuando el Estado legisla sobre una materia se prevea la financiación correspondiente.

"Estamos viendo a lo largo del tiempo que eso no ocurre", ha lamentado en referencia a la aplicación de la Ley de Dependencia, advirtiendo de que "el incumplimiento" de esa lealtad institucional implica mayor gasto para las comunidades autónomas.

Por otro lado, reconoció que el tenor literal del texto es un elemento que refuerza su apoyo a la reforma constitucional, de la que ha insistido que es "muy positiva", y después de que en días pasados, asegurase que establecer mecanismos de control y sanción europeos sería "más efectivos".