El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) advierte que el gremio de la seguridad privada ha pasado en apenas tres años del "pleno empleo a una situación insostenible" donde el desempleo alcanzan cuotas que afectan a más de la mitad del personal habilitado para ejercer la profesión.

Las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior apuntan a que en la actualidad la cifra de vigilantes de seguridad habilitados en el territorio español ronda ya los 200.000. Sin embargo, la Unidad Central de Seguridad Privada reconoce, en una nota, que de todos ellos no llegan a superar los trabajadores en activo la cifra de 90.000.

SPV denuncia que esta dinámica fomenta el crecimiento de empresas de seguridad con definidos comportamientos de "competencia desleal e intrusismo" que tienen su caldo de cultivo en el recorte de los derechos y garantías sociales de los trabajadores y en ofrecer sus servicios por debajo de los costes establecidos en el convenio colectivo, un fenómeno que casi estaba superado antes de la crisis.

La situación actual, según apunta, ha incrementado notablemente la precariedad laboral, ya que el recorte de recursos económicos por parte de las empresas privadas y organismos oficiales contratantes afecta a la propia seguridad del trabajador, que "en la mayoría de las ocasiones tiene que actuar en solitario, circunstancias que propician las agresiones a los vigilantes y reviste al sector de una especial vulnerabilidad".

La organización sindical llama la atención de que a pesar de no haber tocado suelo en la tendencia regresiva, las academias del ramo y las centrales sindicales que tienen concedido el monopolio de la formación continua, siguen ofertando cursos para las nuevas convocatorias de aspirantes a vigilantes de seguridad, situación que está saturando gravemente el paro en el sector.

Una dinámica, a su juicio, "perversa" que genera entre los nuevos vigilantes habilitados unas falsas expectativas de empleo, que a la larga acaba por conducirles a una frustración al no encontrar cabida en el mundo de la seguridad privada, después de haber invertido tiempo y recursos económicos para cumplir los requisitos necesarios para ejercer la profesión.

A ello se une la problemática de que la habilitación concedida por la Unidad Central de Seguridad Privada a aquellas personas que consiguen superar las pruebas de acceso es de carácter temporal, es decir, que en el caso de no ejercer la profesión durante un tiempo definido (dos años) se queda sin validez.

Ante esta situación, SPV considera que no tiene sentido seguir concediendo habilitaciones en un sector en pleno retroceso, en el que, según fuentes de la patronal Aproser el negocio de la seguridad privada ha descendido entre un 10% y un 12% desde el inicio de la crisis.