El ganadero grancanario en huelga de hambre en Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Pérez, ha pedido al Gobierno autonómico que actúe "inmediatamente" ante la situación que está viviendo actualmente.

Pérez, según explicó en rueda de prensa, mantuvo el pasado 21 de agosto una reunión con el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, donde según la comisión de apoyo a la huelga de hambre, Rodríguez puso de manifiesto su sensibilidad por la problemática del ganadero, al tiempo que expresó su voluntad de interceder ante las entidades financieras para que traten de paralizar el lanzamiento de bienes pendientes y que está previsto para el próximo 2 de septiembre.

Al respecto, y en espera de respuesta a lo anterior, Pérez continuará en huelga de hambre. "No me rindo porque no soy un cobarde", apostilló el ganadero.

La coordinadora insular del área de la mujer de Izquierda Unida, María Santana, miembro también de la comisión de apoyo, incidió en la idea de que "lo primero que se reivindica es que el día 2 de septiembre no le quiten ninguna de sus propiedades" al pecuario. Santana también aprovechó para informar que tanto la ganadería como la quesería de Pérez están dentro del plan de viabilidad.

Además, Santana mostró la esperanza de recibir noticias favorables tras el consejo extraordinario organizado por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el próximo día 25 de agosto.

El sacrificio del ganado está "inmerso en un mar de dudas"

Por otro lado, un miembro del movimiento del 15-M Armando Suárez, añadió que el sacrificio del ganado está "inmerso en un mar de dudas". Suárez explicó que por un lado se realizó una prueba de campo en la granja de Antonio Pérez, que tuvo como resultado que una res padecía tuberculosis, por lo que se procedió al sacrificio.

Posteriormente, estas reses pasaron a la cadena alimenticia gracias a una segunda prueba realizada en el matadero, donde los resultados de tuberculina fueron negativos.

Y ante esto, según Suárez, han solicitado "reiteradamente" si constan estos análisis en la Consejería de Agricultura del Gobierno Canario, a lo que asegura no haber obtenido "ningún tipo de respuesta".

Esto fue lo que motivó el cierre de la granja, matizó Suárez, y por el que Pérez no pudo continuar afrontando los pagos, que en un principio eran de 95.000 euros y actualmente han ascendido a 200.000 euros.