Las primeras investigaciones se iniciaron en abril de 2005, tras la denuncia del operador bancario Servired, ya que en numerosos comercios españoles se estaban produciendo operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito expedidas por bancos sudafricanos y norteamericanos.

Una vez autorizada la operación era anulada inmediatamente para evitar el fraude y la consiguiente alarma.

En una segunda fase, los investigadores detectaron la conexión de los detenidos con una organización criminal que operaba en la comunidad de Madrid, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y su uso fraudulento en establecimientos comerciales.  Adquirían bienes y servicios a través de Internet, tales como electrodomésticos, ordenadores, billetes de avión y recargas fraudulentas de saldo de teléfonos móviles.

Las numeraciones de las tarjetas de crédito provienen de ciudadanos residentes en Reino Unido, Estados Unidos y Malasia, y son recibidas a través de mensajes de texto, de fax e, incluso, a través de Internet.

Durante la operación, también se descubrieron tres de los más importantes talleres preparados para la falsificación de tarjetas de crédito y documentaciones falsas que en la actualidad operaban en España.

Se incautaron de 6.000 tarjetas virtuales; 300 de crédito; tres lectores-grabadores; 41 teléfonos móviles, siete teléfonos fax, cuatro cámaras fotográficas, cuatro ordenadores portátiles, entre otras cosas.

El total de lo defraudado asciende a varios millones de euros, aunque aún está pendiente que la cifra sea confirmada por los operadores y emisores de tarjetas de crédito y débito.

Los arrestados cuentan con varios antecedentes por motivos similares ya que forman parte de redes organizadas dedicadas a esta actividad delictiva, con diferentes contactos en el extranjero para la obtención de numeraciones de tarjetas de crédito.