El padre de una posible 'niña robada' al nacer en el Hospital Clínico de Granada, el primero que presentó en España una denuncia al respecto, está convencido de la trama que llevó a la sustracción de su hija, en la que estarían implicadas varias personas, incluidos profesionales del propio centro sanitario en el que nació. "Nos dejaron destrozados. Yo voy a estar dedicado a esto hasta que la encuentre. Quiero encontrarla me cueste lo que me cueste", asegura.

Este primer caso de un posible robo de niños fue denunciado por un abogado granadino que ahora tiene 48 años y que tuvo a su primera hija con su mujer en 1990, en el Hospital Clínico de Granada. Los médicos dijeron a la familia que la niña tenía problemas, y les dijeron que la llevarían a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Cuatro días más tarde, les comunicaron que había fallecido. Pese a las circunstancias, los padres nunca sospecharon inicialmente de que aquel bebé que tuvieron que enterrar en el cementerio de San José poco después de nacer no era suyo. Sin embargo, los análisis de ADN se lo confirmaron años después.

El día del nacimiento, la mujer de este abogado fue encamada de manera urgente en el hospital puesto que, según le dijeron los médicos, había "sufrimiento fetal". Le provocaron la cesárea, pero los facultativos sacaron a la niña en una cuna de cristal y no dejaron a los padres ver al bebé hasta horas después. El pediatra de guardia informó entonces a los padres de que la niña había sufrido un corte en la cara durante la cesárea, cosa de la que inicialmente dudó el padre, que sin embargo se convenció después.

"no te fíes de los médicos"

Según relata el padre a Europa Press, cuatro días después, el bebé, "que era preciosa y tenía la piel como si llevara varios días más viva" y que tenía además "demasiados pinchazos en los brazos", murió. El abuelo de la niña no paraba de insistirle a su hijo: "no te fíes de los médicos, que cambian a los niños", con lo que el padre decidió abrir la caja que le habían entregado con su supuesto bebé, que tenía efectivamente un corte en la cara. La familia decidió enterrarla en un panteón familiar pero, al morir el abuelo, quiso trasladar los restos del bebé a su tumba.

Nueve años más tarde salió publicada en la prensa local la noticia de una mujer que aseguraba que le habían cambiado a su hijo, ya que le entregaron un bebé que no era el que ella aseguraba haber dado a luz. El hospital reconoció que había cometido un error al entregárselo, pero finalmente los servicios sociales estimaron que la mujer no sería capaz de darle la mejor vida posible, y "se lo quitaron para darlo en adopción". Aquel caso hizo despertar "sospechas" en el abogado que años antes había tenido una niña en el Clínico.

Por ello, antes de enterrar los restos de su supuesta hija junto a su abuelo, decidió enviar sus huesos a un conocido laboratorio de genética. Al año, el análisis del ADN mitocondrial confirmó que aquella niña no era hija de la que se suponía que era su madre. "Se nos hundió el mundo, y la gente de la propia clínica nos dijo que estaban saliendo varios casos parecidos", señala el padre afectado, que entonces comenzó a "cuadrar" muchas cosas de las que habían sucedido en raras circunstancias.

Flores blancas de desconocidos

Por ejemplo, asegura que en los primeros años tras la muerte de la niña el Día de los Santos alguien colocaba unas flores blancas en la tumba de su hija. "Serían los verdaderos padres, que sabían dónde estaba", señala el abogado que, tras enterarse de la incompatibilidad genética, comenzó a estudiar los presuntos delitos que se habían cometido, y de su posible prescripción.

Su búsqueda le llevó a varias sentencias del Tribunal Supremo, que evidenciaban que la sustracción de menores, en tanto que no apareciese el menor robado, es un delito permanente de detención ilegal. La documentación fue presentada por el letrado ante la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), que entonces comenzó a presentar denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE) atendiendo a esa jurisprudencia.

Ya en marzo de 2010, la familia llevó el caso a la Fiscalía de Granada, que no recibiría más denuncias hasta más de un año después, cuando empezaran a salir más casos en los medios de comunicación. El Ministerio Público vio tales indicios de delito en el relato de los padres y en las pruebas de ADN aportadas, que fue quien denunció ante el Juzgado el caso, que investiga el de Instrucción número 2 de Granada. Ahora, el asunto está pendiente de que se reciban unos análisis del Instituto Nacional de Toxicología que, de dar negativo en cuanto a compatibilidad genética, darán paso al grueso de la investigación, con la posible declaración de los presuntos implicados.