Representantes del Movimiento 15M y de Vecinos por Alicante han acudido este miércoles a la Audiencia de Alicante para presentar ante el fiscal Anticorrupción un escrito y una denuncia, respectivamente, contra la actuación de los directivos de Caja Mediterráneo.

Los primeros en acudir a la Audiencia Provincial de Alicante ha sido un grupo, que se erige como representante del Movimiento 15M en Alicante, con el fin de hacer llegar un escrito con 99 firmas, en las que pide a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la actuación del consejo de administración de la entidad, tras los hechos que han motivado la intervención del Banco de España.

Según su representante, María Jesús Casado, el objetivo del escrito es que la Fiscalía "investigue de oficio si hay indicio de delito" en la actuación del consejo de administración saliente y también del anterior y a los directivos de la caja.

En este sentido, y preguntada por qué delitos podrían haber sido presuntamente cometidos, Casado ha indicado que de "momento faltan 4.500 millones de euros, se han estado dando préstamos a cero por ciento y a plazo indefinido, lo cual, en justicia, no es un préstamo, es un regalo".

"Es muy importante que sepa toda España que la ciudadanía alicantina está movilizándose porque esto no es de recibo" y que después de lo ocurrido "nos lo vayan a vender deprisa, en verano, sin publicidad ni taquígrafos, a un banco y a un precio mucho menor del precio del rescate".

Por su parte, Vecinos por Alicante ha presentado una denuncia, ampliada de la que ya presentó en el mes de abril, al entender que los hechos que ya denunciaron en su momento "han sido comprobados con la intervención del Banco de España".

Su portavoz, José Luis Valdés ha argumentado que las circunstancias "han cambiado" con la intervención, por lo que han decidido presentar "esta nueva denuncia como recurso y ampliación" de la anterior, con la finalidad de que se "depuren de forma oficial y pública los hechos acaecidos de la previsible mala gestión de la entidad y las responsabilidades en que hubieran incurrido los órganos gestores durante aproximadamente 14 años atrás, que han dado como resultado llegar a la actual y previsible situación de la desaparición de la entidad".

Según Valdés, "los máximos responsables no pueden ser otros que los equipos dirigentes de la entidad" durante el plazo citado, así como los representantes de la Conselleria de Economía "por su falta de control y tutela" y "por ende los presidentes de la Generalitat habidos en ese periodo de tiempo".