La Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) ha pedido a la Junta que tenga en cuenta las propuestas planteadas para el fortalecimiento del proyecto de Ley de Emprendedores, aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, y ha asegurado que es un "gran paso" para el colectivo autónomo regional.

Según ha informado OPA en nota de prensa, estas propuestas son la creación de 'Puntos de Información a Autónomos y Emprendedores' (PIAE), una financiación específica para mantener las pymes existentes, nuevos 'Planes Avanza' para la creación de nuevas empresas y formación empresarial específica para el colectivo autónomo castellano-manchego.

Los PIAE, han indicado, proporcionan asesoramiento y apoyo durante los primeros años de creación de una empresa para evitar el cierre de las empresas más jóvenes.

OPA ha pedido la simplificación de trámites administrativos para el inicio de la actividad empresarial. De esta manera, los autónomos contarán con un respaldo para desarrollar negocios fructíferos, con rentabilidad y viabilidad en el futuro.

Desde OPA, se ha señalado que la aprobación del proyecto de Ley de Emprendedores es un gran paso para el colectivo autónomo manchego, aunque ha indicado, que el alto índice de morosidad y la lucha contra la competencia desleal que supone la economía sumergida son temas que deben ser abordados con firmeza en el texto de Ley.

Refiriéndose a la aprobación del proyecto de Ley, el presidente nacional de OPA, Camilo Abiétar ha señalado que celebra que la primera ley del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha "sea en beneficio del colectivo autónomo".

Abiétar ha explicado que es necesario que las propuestas presentadas por la organización para fortalecer el proyecto de Ley de Ayuda a Emprendedores de Castilla-La Mancha sean tomadas en cuenta con el objetivo de "lograr el fomento del emprendimiento".

OPA es una organización sin ánimo de lucro, que representa a más de 21.000 afiliados y que tiene como misión representar, defender y promover los derechos de los microempresarios, profesionales y autónomos de España ante Instituciones Públicas y Privadas.