El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha asegurado este miércoles que el copago en la justicia "no es planteamiento del Consell en estos momentos" y ha agregado que las "únicas tasas" judiciales que hay en España "son las del Gobierno socialista, las del Gobierno Zapatero y las del propio señor Blanco", a quien ha pedido que explique "si es un chiste" el pago de 50 euros que tiene que afrontar "cualquier ciudadano" para ejercer su derecho a recurrir y que fue establecido por el Ejecutivo socialista.

Tras una visita el Centro Mujer de ayuda a víctimas de malos tratos, junto a la alcaldesa de Denia (Alicante), Ana Kringe, Jorge Cabré se ha pronunciado de este modo sobre las reacciones a sus declaraciones en las que abogaba por abrir un debate sobre el pago de una tasa para lograr "calidad y rapidez" en la justicia, y especialmente a las realizadas por el ministro de Fomento, José Blanco, quien las tildó como "una broma".

Cabré, quien ha querido insistir en que el establecimiento de tasas "no es un planteamiento del Consell en estos momentos", ha pedido explicaciones a Blanco sobre el acuerdo de un Consejo de Ministros en 2009 de "establecer el depósito o la tasa para recurrir", por el cual "cualquier ciudadano, salvo los que están sujetos a la asistencia jurídica gratuita, que quiere hacer uso de su derecho a recurrir una sentencia, que es un derecho básico," debe pagar 50 euros.

"Las únicas tasas judiciales son las del Gobierno socialista, las del Gobierno de Zapatero y son las del propio señor Blanco"", ha dicho Cabré. Así, según ha resaltado, "el gobierno Zapatero estableció una tasa, si se trata de un recurso de apelación o casación, de 50 euros, simplemente por acceder a su derecho a la justicia"

"Esto qué es, un chiste", ha preguntado Cabré, quien ha pedido a Blanco que "recuerde los acuerdos del consejo de ministros del que formó parte" porque "el único que en este país ha puesto tasas en justicia fue precisamente el Gobierno socialista". El conseller ha opinado, de esta forma, que es Blanco "quien tendrá que explicarse y decir si eso también le parece una broma".

"Me da la sensación que esos 50 euros no van a impedir que un banco o una gran empresa recurra, me da la sensación que esos 50 euros a quien pueden dificultar el derecho a recurrir es a los ciudadanos normales, a cualquier ciudadano", ha dicho.

"problemas de financiación"

Según el conseller, "los ciudadanos tienen que saber que ya se están cobrando tasas y se están percibiendo ingresos, que percibe el Gobierno central" y, dado que los costes humanos y materiales de la administración de justicia los asumen las autonomías, "qué menos que los ingresos que se derivan queden también en las comunidades autónomas" porque son "cantidades muy importantes que nos permitirían solucionar muchos problemas de financiación".

De esta forma, ha detallado que las "tasas que se cobraron el pasado año por inicio de procedimientos civiles y contencioso administrativos por parte de las grandes empresas fueron de 18 millones de euros en la Comunitat Valenciana, lo que es tanto como el presupuesto para la asistencia para el turno de oficio".

Igualmente, ha agregado que las "cuentas de depósitos y las consignaciones judiciales, que se devuelven o no, pero esas cantidades van a parar a una cuenta depósitos en ese juzgado". Según Cabré, "de 350 millones de euros en el último año y los intereses de esta cantidad, con un interés del 2 por ciento, da una cantidad de siete u ocho millones de euros", que no revierten a la administración autonómica.

Abrir un debate

Además, ha querido "remitirse" a las declaraciones que realizó "con toda prudencia", encaminadas, según ha dicho, a "abrir un debate". El conseller se ha mostrado favorable a "la posibilidad de dialogar sobre ese tema y sobre cualquier otro".

Sin embargo, ha añadido, "efectivamente no es ese el planteamiento del Consell en este momento como bien dijo el presidente Fabra lo que sí tenemos sobre la mesa ahora, lo otro es un debate, es lograr una financiación de la Justicia acorde a nuestras necesidades".

Cabré ha aseverado que el Consell "en ningún momento se ha planteado esa posibilidad", entre otras cosas porque se trata de "un debate a nivel estatal porque la competencia para el establecimiento de esas tasas corresponde al Estado, en modo alguno a las comunidades autónomas".