El PP de Málaga ha denunciado este miércoles que más de 5.300 personas que tienen aprobadas la Ley de Dependencia en la provincia de Málaga se encuentran "en el limbo", a causa de los recortes "encubiertos" aplicados por la Junta de Andalucía en materia de política social.

En este sentido, la portavoz provincial del PP, María Paz Fernández, que ha comparecido en rueda de prensa junto al secretario de Bienestar Social y Política Sectorial del partido, Francisco José Martín, ha criticado el "desastroso papel que está jugando la Administración andaluza en la aplicación" de esta la ley.

En concreto, se trata de dependientes de grado uno nivel dos, que, según han indicado, deberían haber empezado a recibir estas ayudas a partir del 1 de enero de 2011. Sin embargo, "estamos a 10 de agosto y nada se sabe de estos servicios", han lamentado, por lo que han exigido a la Junta que "afronte una solución rápida a este problema".

Según han explicado los 'populares', el catálogo de servicios a los que los dependientes tienen acceso está "bloqueado" y, por tanto, "saben que tienen derecho a unos servicios, pero no saben cuál". De esta forma, "estas personas tienen un derecho que no pueden ejercer", el cual "se les está limitando desde el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía".

Según se les comunicó a estos dependientes a través de una carta, en los últimos tres meses de 2010 el trabajador social de zona se dirigiría a ellos para ofertarles los tipos de servicios a los que podían optar y, sin embargo, "no pueden estar trabajando y desarrollando su labor porque hay una falta de especificación en los servicios que se van a prestar".

Por tanto, "llevamos 10 meses paralizados en Andalucía para la implantación de este grado y nivel", ha aseverado el secretario de Bienestar Social y Política Sectorial del PP, quien ha asegurado que "los mayores se acercan a los servicios comunitarios para saber por qué no se ha puesto en marcha" la Ley de Dependencia.

Por su parte, Fernández ha señalado que "la Junta, aparentemente, ha dejado sin partida presupuestaria a la Ley de Dependencia", al tiempo que ha reprochado que "desde el 1 de enero ningún responsable de la Administración regional ha sido capaz de explicar exactamente qué pasa con estos servicios y a qué se debe estos retrasos".

"No sólo no son capaces de explicarlo, sino que además mienten a la ciudadanía", ha agregado, lo que, a su juicio, "sólo se puede decir de una forma: el Gobierno de José Antonio Griñán está acometiendo una serie de recortes sociales encubiertos que no son capaces de trasladar a los ciudadanos". "COLAPSO"

De esta forma, los representantes del PP han advertido de que, una vez se establezca el catálogo de servicios, "los ayuntamientos se van a ver colapsados porque los trabajadores sociales no van a poder atender a todos los dependientes que hay". Ante esto, han indicado que "vamos a necesitar más trabajadores que permitan afrontar este reto antes de finales de año, que es lo que establece la ley".

A estos 5.300 dependientes de grado uno nivel dos que defienden los 'populares', han sumado otras "más de 300 personas" de este grado y nivel que tenían este derecho pero que no han podido disfrutar porque han fallecido. Esto, "debido a la lentitud en la plantación de la Ley de Dependencia, por una mala organización en la gestión de los recursos en Andalucía", han concluido.