Los ayuntamientos de Sevilla y Málaga aglutinan 837 contratos de publicidad institucional por valor de 20,1 millones

Los ayuntamientos de Sevilla y Málaga aglutinaron entre 2005 y 2007 un total de 837 contratos de publicidad y comunicación institucional, por valor de 20.130.511,18 euros, según se refleja en el último informe del Tribunal de Cuentas.

Los ayuntamientos de Sevilla y Málaga aglutinaron entre 2005 y 2007 un total de 837 contratos de publicidad y comunicación institucional, por valor de 20.130.511,18 euros, según se refleja en el último informe del Tribunal de Cuentas.

Según el informe, consultado por Europa Press, en el caso de Sevilla, en este período se ha comunicado la realización de 217 contratos durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007, por importe total de 10,1 millones de euros.

De la totalidad de las contrataciones efectuadas, 55 se han efectuado por concurso y 17 por procedimiento negociado, teniendo 93 la consideración de contratos menores, mientras que los 52 expedientes restantes son prórrogas, convenios o están sin especificar.

Los procedimientos negociados comunicados alcanzan importes que oscilan entre 14.848 y 60.000 euros. Asimismo, el importe de los concursos oscila entre 4.023 euros y 739.125 euros.

En algunos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de la capital hispalense mediante procedimiento licitatorio a una única empresa, ésta actuaba "como agencia mediadora del Ayuntamiento con los medios para que efectuaran inserciones publicitarias".

El informe del Tribunal de Cuentas aprecia "deficiencias" en algunas contrataciones del Consistorio en ese período, ya que "no sólo no se ha incorporado ordenadamente la documentación de los contratos, sino que incluso se remiten indistintamente facturas correspondientes a diferentes expedientes contractuales en que coincide la misma adjudicataria".

Apunta en ese sentido, que en algún contrato "no es posible determinar si las facturas se abonan o si han sido previamente abonadas, ya que se admiten para su trámite duplicados e incluso triplicados de facturas y se han incluido facturas y documentos contables que corresponden a otros expedientes que nada tienen que ver con esos contratos". Apuntan por ello un posible "solapamiento en las prestaciones de ambos contratos".

En otros contratos se habla de "falta de concreción o ausencia de especificación de las actuaciones".

Ayuntamiento de málaga

En cuanto al Ayuntamiento de Málaga, en relación con los tres ejercicios que abarca la fiscalización se ha comunicado la realización de contratos, convenios y patrocinios de publicidad institucional por importe conjunto para dicho período de 9.978.242,48 euros, de los que el Consistorio ha realizado contrataciones publicitarias por importe conjunto para dicho período de 6,1 millones de los cuales 129.000 euros corresponden a convenios y el resto a contratos.

Por su parte, los organismos autónomos municipales han efectuado en ese tipo actuaciones publicitarias por importe de 1,9 millones de euros, de los cuales 1,3 millones corresponde al importe de los contratos, 120.000 euros a convenios celebrados en 2005 y 514.488,68 euros a patrocinios.

Asimismo, de los 620 contratos comunicados "tan sólo seis se han tramitado mediante procedimiento abiertos y concursado, 29 por procedimiento negociado y el resto como contratos menores.

El informe apunta que siete de los procedimientos negociados adoptan la denominación de campaña publicitaria, aunque el Tribunal de Cuentas apunta que "en la denominación de ninguno de estos supuestos consta la realización de las actuaciones propias de una campaña publicitaria, como la planificación de actuaciones a emprender con selecciones de los medios, valoración económica de las mismas, logros a obtener, control o seguimiento de estos contratos".

Según este informe, en algunos contratos del Ayuntamiento de Málaga se apunta que "existe una adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin justificación suficiente de los motivos que aconsejan estos procedimientos". También se apunta "falta de concreción" en otros contratos o el hecho de que "se haya superado considerablemente el plazo de ejecución" en otros contratos.

Datos nacionales

A nivel nacional, el Ayuntamiento de Madrid cargó con el 56,75 por ciento de lo invertido en publicidad institucional por las seis principales ciudades del país, relativo a los años 2005, 2006 y 2007.

En concreto, Madrid gastó en esos años 122,19 millones de euros en publicidad y propaganda, el doble que Barcelona (unos 61 millones). Muy lejos quedan Sevilla (10,14 millones), Málaga (9,96 millones), Valencia (7,85) y Zaragoza (4,06 millones).

Eso sí, la evolución de gasto de Madrid en publicidad institucional en esos años es decreciente, pasando de los 45,72 millones gastados en 2005 a los 35,14 millones de 2007, mientras que Barcelona y Sevilla fueron de menos a más: 17,20 y 1,98 millones en 2005, por 23,20 y 4,28 millones en 2007.

Por número de contratos suscritos, el liderazgo corresponde a Barcelona, con 882 firmados en el trienio, mientras que el ayuntamiento de la capital se queda en 753.

En conjunto, estas seis ciudades sumaron 215,29 millones de euros en gastos de publicidad y propaganda en ese trienio, a una media anual de algo más de 71 millones de euros.

Confunden publicidad y propaganda

El Tribunal explica en su informe, recogido por Europa Press, que existe una "generalizada confusión" entre publicidad y propaganda, cuando la primera sirve para dar a conocer lo que hace la institución y la segunda induce a una valoración positiva de esa actividad.

Dado el "relevante coste" de la publicidad para los ayuntamientos fiscalizados, y en un contexto económico difícil, considera necesario "reconducir la finalidad de la publicidad y comunicación institucional a la inicialmente prevista", la "información útil" a los ciudadanos.

Así, se expone en el informe que existe una pluralidad normativa estatal y autonómica y se recomienda al Estado que vele por que todas las leyes se ciñan a la legislación básica, que contiene una "nítida" distinción entre propaganda y publicidad.

En esta línea, el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno modificar la orden ministerial de 2008 que regula la estructura presupuestaria de las entidades locales. El objetivo, crear conceptos separados para publicidad y propaganda en las cuentas de los ayuntamientos.

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