Doce colectivos colaboran con el PP en la elaboración de la Ley de Emprendedores, la primera del Gobierno de Cospedal

El Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de ley el día 12 de agosto
Reunión Riolobos UPA
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PP
Reunión Riolobos UPA

Doce colectivos se han reunido durante las últimas dos semanas con el Grupo Parlamentario Popular para realizar sus propuestas de cara al proyecto de Ley de Emprendedores y Promoción del Trabajo Autónomo, la primera ley que aprobará el Gobierno de María Dolores de Cospedal, cumpliendo así una de sus promesas en campaña electoral.

Dicha ley será aprobada en el Consejo de Gobierno el próximo 12 de agosto, por lo que previsiblemente será aprobado por el pleno de las Cortes al comienzo del inicio de sesiones.

La portavoz de los parlamentarios 'populares', Carmen Riolobos, ha sido la encargada de mantener esta ronda de contactos con asociaciones, federaciones y sindicatos, entre el 27 de julio y el 4 de agosto.

Propuestas concretas

Entre las propuestas más destacadas se encuentran las realizadas por la Cámara de Comercio de Castilla-La Mancha y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que han reclamado un programa de asesoramiento y apoyo durante los primeros años de creación de una empresa para evitar el cierre de las más jóvenes y han solicitado la simplificación de trámites administrativos para el inicio de la actividad empresarial.

Además, las Cámaras de Comercio, la Federación de Empresarios Autónomos (CEAT) y la Asociación de Empresas Familiares resaltaron tras las reuniones el aplazamiento del pago del IVA mientras el Gobierno tenga deudas con las empresas, medida que algunos sectores han pedido que se extienda por todo el país.

El PP se ha comprometido además a incluir en el texto programas de formación a distintos niveles de la enseñanza que fueron solicitados por estos tres organismos para conseguir, según palabras del presidente de las Cámaras, Fernando Jerez, "que se eduque a los emprendedores antes de que quieran serlo".

Otro de los principales problemas que se intentarán solventar con el nuevo texto es el de la financiación, para lo que ATA ha propuesto microcréditos a emprendedores y préstamos participativos fomentados por el Ejecutivo.

En la propuesta en la que han coincidido algunos de los colectivos ha sido en solucionar la morosidad y fiscalidad, principalmente por parte de los ayuntamientos, por lo que han reclamado al Grupo Parlamentario Popular que en el proyecto de ley se exija el compromiso de cumplir los plazos que establece la Ley para abonar las deudas pendientes a los trabajadores autónomos.

Por su parte, los jóvenes empresarios, para facilitar el comienzo de la actividad, demandaron prorratear los costes del inicio del proyecto empresarial, pudiendo pagar en meses posteriores, algo esencial para la asociación ya que, según aseguró Riolobos, estas asociaciones quieren "bonificaciones y no subvenciones".

Tras el encuentro mantenido con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), su presidente, Ángel Nicolás, dejó claro a los 'populares' que la reclamación de esta organización era "generar emprendedores porque la única forma de generar empleo es a través de las empresas".

Por su parte, el sindicato UGT, dio por buenas las aportaciones de CECAM y añadió la necesidad de un asesoramiento técnico "mantenido en el tiempo" para ayudar a las empresas a no cerrar en los primeros años de actividad.

Asociaciones agrarias

Por su parte, las asociaciones agrarias y ganaderas han optado en esta ronda de propuestas por peticiones más concretas que afectarían únicamente a estos sectores. La Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), incidieron en sus respectivas reuniones a los 'populares' la necesidad de una regulación de precios.

Según el presidente de COAG, Alfonso Marín, la agricultura es un sector que para los jóvenes emprendedores "no tiene futuro" puesto que los productos dan "unos márgenes de media del 650 por ciento" entre la venta que hace el productor y el comprador final.

En este sentido, el secretario regional de UPA, Julián Morcillo, ha considerado que es imprescindible una "normativa de precios justos y un control sobre la volatilidad de los mercados" para que no se dé este desfase entre el comprador y el vendedor y no haya estos "notables abusos de la cadena de distribución".

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