La Generalitat valenciana solo ha concedido una prestación para promover la autonomía de las personas dependientes y ninguna de ayuda a domicilio y de asistente personal desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, según ha denunciado este viernes el coordinador de la plataforma por la ley en la Comunitat, Jaime Esteban García.

El coordinador ha ofrecido estos datos en una rueda de prensa tras reunirse previamente con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, con la que ha analizado la situación del desarrollo de la ley, las tramitaciones efectuadas y el dinero recibido por ello.

Jaime Esteban García ha asegurado que existe un "boicot" por parte de la Generalitat al desarrollo de la ley, puesto que pasados más de cuatro años desde su entrada en vigor, todavía no ha desarrollado los decretos relativos a ayudas por promoción de la autonomía, asistencia personal y ayuda a domicilio.

Este hecho ha provocado que, respecto a la promoción de la autonomía, el Consell solo ha concedido una prestación, frente a las 5.310 de la Comunidad de Madrid o las 4.982 de Castilla y León. Asimismo, no ha dado ayudas a domicilio, mientras que en otras autonomías como en Madrid o en Andalucía, éstas se elevan hasta las 20.272 y 50.704 respectivamente, según ha dicho.

Además, la Generalitat tampoco ha concedido ninguna prestación respecto a asistencia personal, frente a las 624 otorgadas por el Gobierno del País Vasco o las 40 de Castilla y León. No obstante, sobre este aspecto, el coordinador de la plataforma ha indicado que, en general, "está muy poco desarrollado por las CCAA, porque hay muy pocos asistentes".

Por su parte, Ana Botella ha ofrecido datos actualizados —a fecha 1 de agosto de 2011— en relación al desarrollo y aplicación de la ley en la Comunitat, y ha lamentado que la autonomía "se sitúa en todos los indicadores en el furgón de cola de entre todas las CCAA, por debajo del peso que le corresponde en población y en importancia de este colectivo".

Así, a fecha 1 de agosto, el total de solicitudes registradas en la autonomía es de 111.886, lo que supone el 7,2 por ciento del total de España. Además, el porcentaje de peticiones registradas supone un 2,19 por ciento, "muy por debajo del promedio nacional", que se sitúa en el 3,2 por ciento. Este dato pone a la Comunitat "en el cuarto lugar por la cola de entre las 17 autonomías".

Por otro lado, en la Comunitat hay 109.773 solicitudes con su dictamen correspondiente, lo que supone un 2,15 por ciento del total de la población, cuando la media nacional es del tres por ciento. "Con lo que estamos en un lugar que no nos corresponde", ha criticado la delegada.

El "peor" indicador

Pero el "peor" indicador es el relativo al número de personas beneficiarias con prestaciones, que suman 44.012 —frente a las 70.000 que ya tienen el dictamen aprobado—. Este dato supone el 0,8 por ciento del total de la población, y sitúa a la autonomía en penúltima posición, solo por delante de Canarias, que "está peor", ha dicho.

La conclusión a la que ha llegado la delegada del Gobierno tras observar estos datos es que "hay una gestión inadecuada por parte de la Comunitat en la tramitación de todos los procesos que conllevan el reconocimiento de una persona en situación de dependencia".

A su juicio, la autonomía está "en el furgón de cola de todas las CCAA". Después de más de cuatro años desde su aprobación, la Generalitat "no puede hablar de dificultades coyunturales, da impresión que en la aplicación convierte lo positivo en negativo".

Botella también ha aclarado que es "falso" que desde el Gobierno central "se haya puesto en funcionamiento una ley sin dotación económica". La normativa "siempre ha venido acompañada de dotaciones económicas", y desde 2005 la Comunitat ha recibido transferencias por importes de 179 millones de euros, ha recordado.

El reparto del dinero por parte del Ejecutivo a las autonomías se efectúa proporcionalmente al grado de ejecución y de eficiencia en los trámites de reconocimiento. "Si no se tramitan, recibirán menos dinero. En los dos últimos años la estimación es que la Comunitat va a dejar de recibir 17 millones de euros por incumplimiento o mala gestión en el desarrollo de la ley", ha puntualizado.