El equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo ha rechazado "contundentemente" las acusaciones vertidas por el Grupo Socialista referidas a la eliminación de los contratos del Programa 'Dipucamina', "sometidos a una ilegalidad manifiesta ante la falta de consignación presupuestaria por parte de la Institución".

En nota de prensa, el equipo de Gobierno ha salido así al pasado de las declaraciones del portavoz del Grupo Socialista, Álvaro Gutiérrez, quien ha cargado contra el presidente de la institución, Arturo García-Tizón, por anunciar que extinguirá los 97 contratos de los trabajadores del Programa 'Dipucamina' poniendo de excusa la necesidad de ser austeros.

Según el equipo de Gobierno, "los responsables de gestionar los destinos de la provincia de Toledo e instaurar una política de austeridad necesaria para atender las necesidades de los pueblos toledanos, no podían mantener activo un programa que no era obligatorio y que carecía de la preceptiva consignación presupuestaria".

En cuanto a la afirmación de que podía haberse realizado una modificación presupuestaria, el portavoz 'popular', Jaime Ramos, ha señalado que para poder llevarla a cabo hace falta dinero y ha asegurado "que no nos sobra, del mismo modo que no le sobraba el Grupo Socialista cuando decidió la formalización de esos contratos sin consignación presupuestaria".

Asimismo, el equipo de Gobierno ha lamentado "profundamente el cinismo de aquellos que habiendo hecho mal, a sabiendas, una serie de contrataciones por obra y servicios, critiquen ahora su supresión objetiva, para evitar una carga financiera a la Corporación".

También ha explicado que la formalización de los contratos del 'Dipucamina', formalizados durante los meses de abril y mayo, han recibido, tal y como se trasladó en rueda de prensa, los informes negativos del departamento de Recursos Humanos y del Interventor General, que establecían la "falta de crédito" para ser sufragados, poniendo "en riesgo", en caso de mantenerse, otras partidas de "vital importancia" para el desarrollo provincial.

En cualquier caso, desde la Diputación se asume el pago de las indemnizaciones legales en el momento adecuado, antes de que esas contrataciones se convirtiesen en indefinidas, obligando a la Institución ha hacer un desembolso mayor y mucho más costoso, algo que en época de crisis no puede permitirse, pues la principal encomienda de la Diputación deben ser los ayuntamientos y los ciudadanos toledanos.