La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana ha denunciado este domingo el impago por parte del Consell de las prestaciones económicas y de servicios correspondientes al mes de junio en algunas comarcas valencianas, lo que ha generado una situación "insostenible" para los propios dependientes, familiares y demás profesionales implicados en el desarrollo de la normativa.

En un comunicado, la asociación ha mostrado su "indignación" por la "mala gestión en la aplicación, desarrollo normativo y presupuestario de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social" y ha señalado como políticamente responsables de esta situación al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y al conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré, a quienes ha reclamado que tomen "medidas urgentes" para sacar a la región de la "cola" en la aplicación de la Ley de Dependencia.

La plataforma ha explicado que la delegación territorial de Alicante y comarcas no tiene constancia de que se hayan realizado los pagos correspondientes al mes de junio, por lo que ha mostrado su apoyo a la concentración convocada este lunes por los afectados frente al PROP de Alicante.

Así, ha subrayado que la aplicación de la ley, con su asignación presupuestaria, no puede convertirse en "el patito feo" de las políticas sociales que conforman el Estado del Bienestar en la Comunitat y ha pedido la dimisión del secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, por ser "corresponsable" de la gestión realizada por los anteriores consellers, Juan Cotino y Angélica Such.

Entre otras cuestiones, la plataforma reclama al Consell que "libere de forma urgente los créditos necesarios para atender los pagos de las prestaciones económicas y servicios correspondientes al mes de junio", que adjudique también urgentemente la prestación o servicio a las personas que tienen el derecho reconocido y que contemple la retroactividad en las resoluciones de solicitudes anteriores al 1 de junio de 2010.

Asimismo, reclama también que se acorten a un máximo de tres meses los plazos entre el reconocimiento del derecho y la resolución del plan individualizado de atención, como marca la ley, así como que Bienestar Social se comprometa a pagar a los prestatarios en los cinco primeros días de cada mes para generar "seguridad, estabilidad y tranquilidad en las personas afectadas".

Por otra parte, la asociación pide la aprobación urgente de las medidas de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, la puesta en marcha del Servicio de Ayuda a Domicilio y de la figura del Asistente Personal para los grandes dependientes y la creación de una red pública de atención a la dependencia.

Por último, solicita la eliminación de la mercantil AVAPSA y la integración de los servicios que presta en materia de dependencia en la Red de Servicios Sociales de la Generalitat.