El portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, ha dado a conocer los asuntos tratados por el Ejecutivo regional en su reunión habitual en Consejo, en donde se ha aprobado, mediante un decreto, las relaciones de puestos de trabajo (RPT) correspondientes a funcionarios y personal laboral que presta sus servicios en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Igualmente ha aprobado mediante acuerdo la plantilla del personal de la CAR.

Emilio del Río ha explicado en comparecencia ante los medios que se ha realizado "un ajuste necesario" que afecta "únicamente al 0,54 por ciento del total del personal que en la actualidad presta sus servicios en toda la Administración riojana" y esta acción supondrá "un ahorro en torno a los 2 millones y medio de euros al año".

Así, la nueva RPT, que ha sido negociada con las Organizaciones Sindicales y que afecta a todas las consejerías, es consecuencia de la nueva estructura organizativa del Gobierno de La Rioja que redujo de 10 a 7 el número de consejerías y que ha hecho necesaria la modificación de la relación de puestos de trabajo para "poder adaptar las unidades administrativas a la nueva configuración y competencias".

Por otro lado, este decreto también recoge la integración en puestos de trabajo del personal laboral y funcionario transferido de los servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

La modificación de la plantilla va a suponer la amortización de vacantes y el cese de 55 efectivos de personal interino y temporal, es decir, un 0,54 por ciento del total del personal que en la actualidad presta sus servicios en toda la Administración riojana y cuya cifra asciende a más de 10.000 personas.

Esta RPT obedece a la nueva estructura organizativa aprobada por Decreto 3/2011, de 27 de junio por el que se modifica el número, denominación y competencias de las Consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma y tiene por objeto asegurar la efectividad de "las medidas de austeridad y eficiencia" en materia de empleo público optimizando los recursos humanos disponibles de la Administración Pública y evitando actuaciones que eleven los gastos de personal dado el contexto económico actual.

El conjunto de medidas acordadas supone una reducción de costes en materia de personal que implicará un ahorro de 2,4 millones de euros anuales.