La Xunta de Galicia defiende la legalidad del sistema de arrendamiento fiscal para la adquisición de buques, conocido como 'tax lease', que se aplica en España, y ha advertido de que si la UE reclama la devolución de beneficios de este sistema —es decir, si lo suspende definitivamente con carácter retroactivo—, estaría vulnerando el principio comunitario de protección de la legítima confianza.

En un informe elaborado por juristas del Ejecutivo autonómico, que ha sido remitido al Gobierno central —para que lo use en las alegaciones que plantee ante las autoridades europeas—, y al que ha tenido acceso Europa Press, el gobierno gallego pone de manifiesto que ese sistema de bonificaciones está conformado por cuatro regímenes fiscales: el régimen especial de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), el régimen especial de entidades de reducida dimensión, el régimen especial de los contratos de arrendamiento financiero y el régimen especial de tonelaje.

Éste último régimen, recuerda el informe de la Xunta, fue autorizado en su día por la Comisión Europea, mientras que los otros tres son medidas de carácter general, por lo que no pueden considerarse ayudas de Estado ilegales. Asimismo, precisa que esos regímenes no suponen un falseamiento de la competencia ni perjudican las condiciones del mercado interior, sino que, si hay diferencias entre los países miembros, es por la "falta de armonización de la imposición directa" dentro de la propia UE.

Aún en el caso de que se consideren ayudas de Estado, la Xunta apunta que serían legales, puesto que están destinadas a facilitar el desarrollo de una determinada actividad —el transporte marítimo—, y autorizadas dentro del ámbito de las Directrices Marítimas.

Además, el informe menciona la posibilidad de que la UE, si considera que el sistema es ilegal, pueda reclamar la recuperación de esas supuestas ayudas. A este respecto, la Xunta advierte de que esa reclamación vulneraría el principio comunitario de protección de la legítima confianza, porque la actuación de las autoridades comunitarias —que no tomaron en diez años de vigencia del 'tax lease' ninguna medida en su contra— ha generado una confianza legítima en los armadores, navieras, financiadores, etc.

Nuevo marco jurídico

Al margen de esas consideraciones que, en opinión de la Xunta, justifican la legalidad del sistema, en su informe se propone un "nuevo marco jurídico" en caso de resultar necesario modificar la normativa fiscal española para la resolución del procedimiento.

Así, se plantea la supresión de varios artículos de la ley y del reglamento del Impuesto de Sociedades, con el fin de adaptar los preceptos que puedan entrar en conflicto con la normativa comunitaria. Estos cambios se refieren, entre otros aspectos, a eliminar la posibilidad de la amortización anticipada de los contratos de arrendamiento, permitir la transmisión de participaciones de las AIE a otros inversores o a potenciar la participación de los armadores en estas AIE.

Otra de las medidas propuestas es la utilización de la libertad de amortización ya incluida en la actual normativa española, una medida que, advierte el informe, tiene vocación de ser transitoria dentro de la propia ley —aplicable hasta los ejercicios iniciados durante 2015—.

En todo caso, el informe de la Xunta señala que estos cambios pueden ser implementados "de forma inmediata", ya que no requieren la aprobación de nuevas disposiciones. Así, la propuesta se considera "una alternativa sólida y fiable, al menos transitoriamente, mientras continúe abierto el procedimiento ante la Comisión Europea".