Las comunidades autónomas no tienen capacidad para devolver competencias como las de educación o sanidad sin haber alcanzado previamente un acuerdo con el Estado y haber puesto en marcha una reforma de sus respectivos estatutos de autonomía, según ha explicado a Europa Press Ramón Marcos, portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea de Madrid y responsable del estudio sobre el Estado autonómico que presentó la formación.

El debate se ha abierto las últimas semanas con las protestas de las comunidades acusando al Gobierno de no dotarles con suficiente financiación, lo que ha llevado al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a plantear la posibilidad de devolver al Estado las competencias de sanidad y educación.

Este proceso nunca ha tenido lugar, ya que desde la aprobación de la Constitución ha sido tradicionalmente el Estado el que ha ido poco a poco transfiriendo a las autonomías diversas competencias a través de los estatutos de autonomía o en virtud del artículo 150.2 de la Constitución. El propio vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, defendió que las competencias, una vez transferidas, no se pueden devolver.

A juicio de Marcos, para que esta opción sea posible y las autonomías puedan delegar el ejercicio de determinados servicios, es necesario que exista un acuerdo con el Estado, ya que si la competencia está incluida en el estatuto de autonomía la comunidad autónoma no puede renunciar a ejercerla.

En el caso de Murcia, por ejemplo, su estatuto de autonomía establece que corresponde a la Región "la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades" —cumpliendo con lo establecido en la Constitución—, y la función ejecutiva de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Reforma de la constitución

Marcos ha explicado que otra vía para realizar un nuevo reparto competencial pasaría por un gran acuerdo estatal sobre una reforma constitucional en las Cortes Generales que establezca competencia plena del Estado sobre algunas competencias.

"En este momento, si no se hace una reforma constitucional o no se modifican los estatutos de autonomía, la competencia es irrenunciable y la comunidad está obligada a ejercerla", ha sostenido antes de recordar que el Estado español permite asimetrías y por tanto unas comunidades pueden ejercer unas competencias que otras no asuman.

Pero además, ha apuntado una tercera opción que afecta al artículo 155 de la Constitución, que atribuye al Gobierno la potestad de adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones "o para la protección del mencionado interés general".

"Si hay un incumplimiento expreso de los estatutos, el Estado podría decidir suplir a la comunidad autónoma en esa competencia concreta", ha argumentado Marcos tras detallar que para que sea posible, es necesario un requerimiento del presidente autonómico o la aprobación del Senado con mayoría absoluta.

Emergencia nacional

Para UPyD, el Estado se encuentra en una situación de "emergencia nacional" que hace obligatorio tomarse "en serio" una reforma de su estructura, que estudie la forma de prestar el mejor servicio a los ciudadanos con el menor coste posible. "Sin apriorismos y estudiando de verdad desde qué nivel administrativo se puede prestar mejor el servicio", ha defendido.

A juicio del diputado en la Asamblea de Madrid, la justicia requiere ser una competencia estatal y la educación, dado que ha sido "un fracaso" en España, requiere que se plantee la asunción por parte del Estado de determinadas competencias. Además, considera imprescindible otras medidas como una simplificación de las administraciones, la fusión de municipios o la eliminación de burocracia.