El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), a través de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), ha adjudicado el contrato de ingeniería destinado a la redacción del proyecto constructivo del futuro desagüe de la Balsa del Sapo, en El Ejido (Almería), a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por PYCSA-ZOFRE, por un importe de 518.390 euros.

Esta adjudicación, consecuencia del convenio firmado el pasado 19 de enero entre el MARM y la Junta de Andalucía para poner en marcha la redacción del proyecto, da cumplimiento al anuncio efectuado la directora General del Agua, Marta Moren, quién afirmó que el proyecto se pondría en marcha a la mayor brevedad posible.

Las obras objeto de este proyecto, cuya redacción acaba de ser adjudicada y que serán desarrolladas a través de Acuamed y de la Agencia Andaluza del Agua, supondrán una inversión de unos 40 millones de euros. Su ejecución permitirá resolver los frecuentes episodios de inundaciones que se producen en la actualidad en la zona, al tiempo que se preservará el ecosistema húmedo de este entorno.

El adjudicatario dispone, a partir de la firma del contrato, de un plazo de 12 meses para terminar la redacción del proyecto y poner en marcha su tramitación ambiental. En este sentido, el contrato adjudicado por Acuamed no sólo contempla la elaboración del proyecto sino también la tramitación ambiental del mismo en la parte que es competencia de Acuamed, así como la preparación de la documentación necesaria al tal efecto.

El contrato también incluye un importante apartado dedicado a la participación ciudadana. De esta forma, el contratista deberá planificar, organizar y poner todos los medios necesarios para el desarrollo de un intenso proceso de diálogo, que liderará Acuamed, con las distintas partes afectadas.

Este proceso incluye aspectos como el diseño consensuado del programa de participación, la determinación previa de los criterios a tener en cuenta para el análisis de alternativas, la propuesta, análisis y diseño, en función de ese proceso de diálogo, de alternativas, y la campaña de información a los ciudadanos.

El objetivo de este proceso participación pública es afrontar de la manera más consensuada y dialogada posible la solución a este problema, teniendo en cuenta los puntos de vista de todas las partes, con la finalidad de buscar la mejor alternativa, tanto desde el punto de vista técnico como social y ambiental.