La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno regional los anteproyectos de ley que suprimirán el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla-La Mancha, dentro del plan de austeridad prometido por Maria Dolores de Cospedal.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Empleo y portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha anunciado la supresión de estos organismos como medida del "austeridad" y para "racionalizar gastos".

Según el consejero, la supresión del CES supondrá un ahorro anual para la Junta de 1.113.000 euros, mientras que la supresión del Defensor del Pueblo ahorrará 2.563 euros por cada uno de las 1.171 expedientes o reclamaciones que se tramitan anualmente en la región, lo que supone cerca de 3 millones de euros.