El Grupo Parlamentario del PSOE presentará dos Proposiciones no de ley para aumentar los ingresos en las arcas de la comunidad a través de reformas fiscales. En concreto, los socialistas proponen aumentar el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 100.000 o 120.000 euros anuales, incrementar el impuesto de sucesiones para herencias superiores a 600.000 euros y la implantación de un impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente que afectaría "solo" a las empresas que obtienen "grandes beneficios económicos".

Según el PSIB, estas medidas ya fueron propuestas en la anterior legislatura, pero no pudieron ser aprobadas al no tener mayoría suficiente en la cámara.

Con estas medidas que han anunciado este jueves la portavoz socialista en el Parlament, Francina Armengol, y el diputado del PSIB, Antoni Diéguez, se recaudarían "más de 300 millones de euros", por lo que consideran que no sería necesario el recorte en materias de sanidad en las islas, enmarcado en el plan de reajuste económico con el que el Govern prevé ahorrar 380 millones a lo largo del 2011 y que ha sido aprobado este miércoles.

Por otra parte, Diéguez ha acusado a Bauzá de practicar "hooliganismo político" en materia económica, además de considerar "irresponsable" el discurso "alarmista" que está llevando a cabo el presidente del Govern, emitido, según el PSIB, para "justificar" los recortes sociales y seguir la campaña de estrategia electoral lanzada desde Madrid a nivel estatal.

En este sentido, reprochan a Bauzá que no defienda los intereses de los ciudadanos de Baleares en Madrid al no pedir que lleguen a la comunidad los 240 millones de euros del fondo de competitividad. Todas estas actuaciones, según Diéguez, implicarían que el rating de Baleares decrezcan, lo que tendría como consecuencia que los créditos que pidan los empresarios de las islas sean "más caros".

Recorte del catalán

En cuanto al anteproyecto de la Ley de la función Pública, que incluye que el catalán sea un mérito y no un requisito para trabajar en la administración, Armengol ha subrayado que se "merman" los derechos de los ciudadanos de baleares, ya que estos tienen derecho, según recoge el Estatuto de Autonomía, a ser atendidos en las dos lenguas oficiales de l a comunidad, el castellano y el catalán.

"Eliminar el requisito de que los funcionarios públicos tengan conocimientos de catalán implica un recorte de derechos", ha destacado Armengol. Por ello, la portavoz parlamentaria ha asegurado que han presentado una iniciativa parlamentaria para que el catalán continúe siendo un requisito y no un mérito.