Convergència per les Illes ha considerado "inconstitucional" y una "clara involución" de los avances alcanzados durante los últimos 30 años el hecho de que el Govern haya iniciado los trámites para que el catalán deje de ser un requisito a la hora de acceder a la función pública y, por ello, ha exigido al Ejecutivo que retire "de manera inmediata" la tramitación de esta modificación legal.

En un comunicado, el partido liderado por Josep Melià ha subrayado que esta situación "choca frontalmente" con algunos preceptos recogidos en el Estatut. En este sentido, ha recordado que su artículo 4.3 determina que las instituciones de las islas deben garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas, así como adoptar las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crear las condiciones que permitan alcanzar una igualdad plena en cuanto a los derechos de los ciudadanos.

Además, en el artículo 14 recoge que los baleares tienen derecho a dirigirse a la administración autonómica en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada. De esta manera, CxI considera evidente que si no existe el deber de conocimiento de las dos lenguas oficiales por parte de los funcionarios y el personal laboral "es imposible garantizar" estos mandatos estatutarios.

Por otra parte, el partido ha tildado de "pura demagogia" la actitud del Govern puesto que "el verdadero bilingüismo", según esta formación, es establecer las condiciones para que se conozcan y se puedan usar estas dos lenguas sin "generar conflictos o discriminar" al idioma "débil".

Además, ha reiterado que esta medida del Ejecutivo liderado por José Ramón Bauzá supone "deshacer" buena parte del "camino hacia la normalidad" y de la equiparación de las dos lenguas realizado por la sociedad y las instituciones baleares hasta el momento, tarea que han llevado a cabo en gran parte dirigentes 'populares', añaden.

Por todos estos motivos, CxI no sólo ha pedido la retirada inmediata de la tramitación de la modificación legal, sino que, además, ha reclamado al Ejecutivo balear un cambio de actitud para que se centren en la lucha contra la crisis económica y no en "crear enfrentamientos lingüísticos que además imposibilitan a los ciudadanos ejercer sus derechos", concluyen.