Gobierno vasco ha aprobado este martes la adjudicación a inversores privados de un contrato público para adquirir viviendas y suelo de un total de 4.000 inmuebles que cederán al Ejecutivo autonómico entre los años 2012 y 2015, y que se destinarán al alquiler público entre los inscritos en Etxebide.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una autorización de gasto de 430 millones de euros para realizar un contrato patrimonial y de arrendamiento para la cesión en arrendamiento al Gobierno vasco de un mínimo de 4.000 viviendas protegidas, por un plazo mínimo de 20 años, cesión a realizar por parte de un inversor privado.

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha explicado que los 430 millones de euros autorizados servirán para pagar las rentas de las viviendas cedidas en alquiler por un plazo mínimo de 20 años. Tras este periodo, los inversores podrán recuperar las viviendas y venderlas pero siempre con la calificación de VPO y deberán ofrecer a sus inquilinos su compra.

Según ha señalado, este gasto se ha calculado multiplicando el precio de cesión o renta por el número de viviendas cedidas, aplicando tasa de descuento del 6,5 por ciento y un factor de actualización de rentas anual del 2,5 por ciento.

Sin embargo, ha advertido de que el coste neto de la operación para el Gobierno, según lo calculado, será de 249 millones de euros, puesto que la diferencia se recuperará por medio de las rentas que abonarán los inquilinos. El Gobierno abonará en el primer año una renta máxima por vivienda y mes de 700 euros.

Arriola ha señalado que su Departamento ha diseñado este esquema contractual de colaboración público privada, el primero de estas características puesto en marcha en el Estado, con el objetivo de "conseguir viviendas para destinarlas al alquiler y obtener recursos económicos para construir nuevas promociones de viviendas protegidas en alquiler y alojamientos dotacionales".

Las viviendas protegidas que van a ser puestas a disposición del Gobierno serán 1.072 viviendas sociales construidas a adquirir a la Sociedad Alokabide; 1.875 viviendas en fase de construcción a adquirir a VISESA; 199 viviendas a edificar sobre suelos urbanizados propiedad del Gobierno Vasco que serán vendidos al inversor; y el resto de viviendas, 854 viviendas, corresponderá al inversor su promoción y construcción. En este sentido, ha advertido que las 854 viviendas pueden incrementarse con otras 1.000 viviendas protegidas.

La distribución territorial de las viviendas se hará siempre con el visto bueno del Departamento, con el fin de cumplir los objetivos del Plan Director.

Inversores privados

Arriola ha detallado que a pesar de que esta operación requiere de un concurso público, de forma previa se ha sondeado a los grupos interesados y ha expresado su deseo de que se presenten bastantes fondos de pensiones y de inversión para conseguir mejores condiciones de adjudicación que las que se incluyen en los pliegos iniciales.

Según las estimaciones que maneja Vivienda, el inversor privado que resulte adjudicatario del contrato mediante un concurso publico, deberá realizar una inversión superior a los 495 millones de euros desde el momento de la adjudicación del contrato hasta el año 2016. "Este alto volumen de inversión lo convierte en un producto especialmente adaptado para grandes fondos de inversiones", ha indicado el consejero.

Asimismo, el consejero ha avanzado que se podría adjudicar el contrato mixto a finales de octubre y las primeras viviendas podrían ser una realidad a primeros del año 2012. A la aportación inicial de viviendas que rondará las 1.635 viviendas, sucederán entregas de unas 788 viviendas de medio al año hasta el año 2015. El mantenimiento estructural de los edificios cedidos al Gobierno vasco correrá a cargo del inversor privado. SANEAMIENTO

El titular de Vivienda ha resaltado que con esta operación el Gobierno además de obtener viviendas de alquiler protegido, va a conseguir sanear las sociedades, Visesa y Alokabide, "lo que permitirá que puedan seguir realizando una política de alquiler y ofrecer mayores garantías a la hora de solicitar financiación a las entidades financieras".

Como resultado de estas operaciones de venta, el Gobierno vasco calcula que obtendrá 28 millones de euros y que ingresará casi 21,6 millones de euros por devolución de subvenciones por parte de Alokabide y por los intereses legales. Además, se ahorrará casi 77 millones de euros corrientes en subvenciones en alquiler al inversor privado.

ABSORCIÓN

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado mediante decreto, la fusión por absorción de las dos sociedades que se dedican a actividades vinculadas al alquiler, la Sociedad Alokabide que absorberá a SPGVA que quedará extinguida. La fusión no provocará ninguna variación en las condiciones jurídicas, económicas y sociales que actualmente tienen sus trabajadores.

Según Arriola, esta operación tiene por objeto "racionalizar, mejorar y simplificar la gestión empresarial pública, sobre todo en unos momentos en el que el alquiler va a tener un papel predominante en la política de vivienda".