El secretario general de UGT de La Rioja, Javier Granda, ha presentado el nuevo servicio "de asesoramiento legal" que ofrece el sindicato contra las Ejecuciones hipotecarias a los afiliados y de carácter gratuito con el fin de "resolver dudas desde el punto de vista legal y jurídico y evitar agravar las pérdidas económicas que estas ejecuciones puedan producir".

Para Javier Granda, este servicio se ofrece "en el momento adecuado" porque "en los años 2008-2009 se produjo el mayor incremento de parados en nuestra comunidad autónoma y, estas personas, culminarán las prestaciones por desempleo a finales de este año, lo cual agravará su situación".

Con esta ayuda, el sindicato pretende "atender y defender los intereses de nuestros afiliados ante leyes injustas" y el servicio está disponible desde este mismo jueves.

Normas, a las que se ha referido Granda, establecidas por la Ley Hipotecaria y por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ello, y de forma conjunta, la organización con la Plataforma de Afectados por las Ejecuciones Hipotecarias "pretendimos plantear una iniciativa legislativa popular para modificar estas dos leyes, pero desde el Parlamento esta solicitud fue denegada".

Además, continúa, "también pretendemos poner en marcha en la región mecanismos de presión que obliguen al Gobierno y al Parlamento modificar estas normas. Esta misma mañana haré entrega a la alcaldesa de Logroño una propuesta de moción para que se trate en el Ayuntamiento".

Actitud de la banca

Además, UGT manifiesta "su total disconformidad con la actitud de la banca y las cajas de ahorro en nuestra región porque es injustificable y exigimos una conducta más racional con sentido común y ética".

Con todo ello, desde UGT afirman "estamos dispuestos a defender a nuestros afiliados en estas normas injustas que se deben cambiar" y ha revelado el secretario que "si no se hace el cambio utilizaremos la presión sindical para que se modifiquen estos comportamientos".

Por su parte, el letrado del Servicio Jurídico de UGT La Rioja, Víctor Suberviola, ha explicado que este servicio "de carácter preventivo" tiene dos vertientes. La primera relacionada "con dejar de pagar las primeras letras" y la segunda con "la ejecución hipotecaria ya dentro del servicio judicial".

Así, en la primera fase, "todavía se puede hacer una labor preventiva porque se puede hablar con el banco y reconducir la situación, alargar plazos y salvar la vivienda" mientras que, en la segunda, "el afiliado ya está en el juzgado y la situación se agrava porque además de las letras se generan unas costas judiciales bastante altas".

Como ha finalizado Javier Granda, con este servicio se va a pedir a los bancos "que sean sensibles con esta situación y ante este problema".