Sobre todo, quieren que el Consistorio no destruya los inmuebles de los número 95 y 101 de la calle San Pedro.Estos edificios, explicaron, estaban protegidos en el plan general de 1989, «pero el Ayuntamiento los descatalogó con el plan urbanístico que aprobó para el barrio que, sin embargo, está pendiente de confirmarse su legalidad en el Supremo».
Al respecto, apuntaron, si los jueces anulan dicho plan urbanístico, volvería a estar vigente el plan general (que sí protegía los inmuebles), por lo que el Consistorio habría tumbado patrimonio histórico. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado los derribos de estos dos inmuebles (y de cuatro más), así que la propia alcaldesa, Rita Barberá, destacó ayer que «una vez levantada la prohibición, se procederá a la demolición, tal y como está previsto».
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