La mayoría de los Estados miembros, entre ellos España y Francia, han expresado su apoyo al objetivo de lograr una gestión sostenible de los recursos pesqueros comunitarios, pero han pedido a la comisaria de Pesca, María Damanaki, que revise los plazos que plantea para las medidas más restrictivas, tales como prohibir los descartes para 2016 y cumplir en 2015 con el principio del rendimiento máximo sostenible.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea han discutido por primera vez este martes, en un debate público, la reforma para la Política Pesquera Común (PPC) que Bruselas presentó la semana pasada, de cara a introducir cambios "drásticos" en esta política a partir de 2013.

Al término del debate, la comisaria se ha mostrado ante la prensa "muy contenta" porque ha encontrado en un respaldo en las delegaciones respecto a que su propuesta es "una buena base para trabajar" y negociar la reforma con los países, el sector y todos los interesados. "Todas (las medidas propuestas) siguen en la mesa y vamos a trabajar para avanzar", ha asegurado.

En su intervención, la mayoría de las delegaciones han saludado el documento de la comisaria y expresado su voluntad de avanzar en las negociaciones, si bien han pedido una aplicación "progresiva" de las medidas que salgan adelante para evitar daños económicos y sociales y en el sector. También han recalcado la necesidad de impulsar el desarrollo de la acuicultura.

"Hay que conseguir un equilibrio entre las condiciones económicas garantizadas a los pescadores y la conservación de los recursos pesqueros", ha pedido el ministro francés, Bruno Le Maire, en el debate. Le Maire ha asegurado que "todos" los países de la UE están "a favor de una pesca sostenible", pero ha dejado claro que considera "prematuro" fijar 2015 como fecha límite para lograr el rendimiento máximo sostenible de los caladeros.

La ministra española de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, también ha pedido aplazar hasta al menos 2020 el objetivo de la pesca sostenible y ha explicado que es una decisión que apoya pero que la fecha de 2015 "sería imposible de cumplir y tendría graves repercusiones económicas y sociales".

La titular española ha aprovechado su intervención para plantear otras reservas como los plazos marcados para la prohibición progresiva de los descartes (la pesca no deseada que es devuelta al mar) porque considera que "no es realista" pensar en un veto total de cara a 2016.

Medidas anti crisis y mercado de cuotas.

España, además, ha reclamado que la reforma prevea instrumentos de gestión que permitan afrontar y "responder con prontitud" a eventuales crisis "graves" de mercado y ha lamentado que la propuesta de Bruselas "se olvide" de la flota artesanal y de la de marisqueo.

La comisaria ha recogido la propuesta de Aguilar para la creación de mecanismos específicos contra crisis de mercado como una idea "muy interesante" y ha admitido la "necesidad" de desarrollar políticas de gestión. Sin embargo, ha lamentado que para ello se requiere "mucho dinero, que no tenemos", y se ha comprometido a discutir de ello cuando el próximo octubre presente sus propuestas presupuestarias.

La creación de un mercado de cuotas entre pescadores de un mismo país es otra de las novedades que sugiere la comisaria que ha sido recibida con "más escepticismo que rechazo", según han explicado fuentes diplomáticas, que recuerdan que una gran parte de los Estados miembros han pedido a Damanaki que detalle las medidas concretas que contempla para alcanzar los objetivos que defiende.

Delegaciones como la alemana y la irlandesa han expresado sus distintas dudas sobre el sistema de mercado de cuotas y el temor a que suponga una "privatización" de las posibilidades de pesca.

El ministro irlandés, Simon Coveney, ha afirmado que su país "teme que la concentración de contingentes en grandes industrias extranjeras" afecte a sus costas y flota y ha reclamado que esta opción "no sea obligatoria". Tampoco ha considerado viable el calendario para poner fin a los descartes.

En su intervención final, Damanaki ha querido tranquilizar a los países miembros asegurando que su propuesta para 'regionalizar' aspectos de la gestión pesquera "no permitirá una renacionalización" de la política pesquera común y también ha recalcado que el comercio de cuotas que defiende sería "sólo a nivel nacional" y "sólo para pescadores".