El presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) en la provincia de Ciudad Real, Carlos Cardosa Zurita, cree que los anuncios realizados por los grupos políticos que acceden por primera vez a un ayuntamiento de realizar auditorías externas contratando a empresas privadas para tal fin "son absurdos y un gasto inútil, especialmente en tiempos de crisis, ya que este es un trabajo desarrollado anualmente por los interventores o secretarios-interventores, que son funcionarios habilitados por el Estado que realizan a la perfección su labor".

Cardosa, en declaraciones a Europa Press, ha defendido la labor de estos profesionales, recordando que ellos no son una figura política sino administrativa "que se responsabilizan de hacer las cuentas de los consistorios de forma clara y transparente para que se conozcan los gatos, ingresos o inversiones sin entrar a valorar lo que se dedica a cada capítulo, sólo ajustando las cuentas para que todo sea correcto y legal".

Según ha indicado Cardosa, tras insistir en que "no cabe duda de que uno de los requisitos para que una democracia sea real y efectiva es el de la transparencia y control en las cuentas públicas", la ley ya establece mecanismos de control de las cuentas municipales mediante un doble sistema, el de fiscalización interna y externa.

"El control interno en su triple acepción de función interventora, control financiero y control de eficacia tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven y la recaudación, inversión y aplicación de los caudales públicos administrados y se realizarán por el cuerpo de Interventores Municipales", ha añadido.

Por otra parte, Cardosa ha subrayado que la fiscalización externa se realizará por el Tribunal de Cuentas, al rendirse anualmente la cuenta general del ejercicio, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

"En el caso de Castilla-La Mancha esa fiscalización la hace el Síndico de Cuentas y, si un ayuntamiento quiere que se haga una auditoría por el Tribunal de Cuentas no tiene más que solicitarlo por unanimidad de todos sus grupos políticos, por lo que no hay necesidad de acudir a una empresa privada", ha añadido el presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en la provincia de Ciudad Real.

A ello se le quiere añadir la figura de la auditoria externa, "una suerte de fiscalización externa posterior que va en contra de los principios más esenciales de la actuación de la administración local porque no hay que olvidar que el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales de las administraciones públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos".