El consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha confirmado que "no es previsible" que la Comunidad Autónoma asuma las competencias de Justicia este 31 de julio, ya que "no hay tiempo ni está previsto", aunque no ha cerrado la puerta y ha emplazado a esperar a que se resuelvan los problemas de cara a la segunda fecha posible para la transferencia, el 31 de diciembre.

En declaraciones a Europa Press, Campos ha recordado que las transferencias "se pueden firmar en dos fechas, el 31 de julio, cuando se ha ejecutado el 50 por ciento del presupuesto, o bien el 31 de diciembre, con efecto al 1 de enero de 2012". Sin embargo, ha confirmado que no es una prioridad para la Comunidad una vez que el Gobierno regional "acaba de constituirse".

Los principales inconvenientes para llevar a efecto esta transferencia, según Campos, son la condición existente por la disposición de los Presupuestos Generales del Estado, que está en vigor y subordina a los criterios del déficit de la Región el pago único de 5,5 millones de euros, adicionales a los 70 millones de euros en los que están valoradas las transferencias.

Este fue el "problema que determinó que el Gobierno regional no firmara la transferencia el 22 de diciembre pasado, cuando estaba previsto, puesto que no se garantizaba el pago único con independencia de esos criterios", según Campos, quien afirma, no obstante, que existen otros obstáculos como los "inconvenientes que está teniendo la puesta en marcha de la Oficina Judicial".

Así, ha añadido que los funcionarios "están realizando críticas importantes". Sin ir más lejos, ha recordado que CCOO le remitió hace unos días un pliego de más de 1.000 firmas oponiéndose a la extensión de la Oficina Judicial y planteando una serie de problemas estructurales en materia de personal e informática que determinaría que la Comunidad no pudiera asumir las transferencias".

Todo esto hace que si la Comunidad asumiera las competencias el 31 de julio "no habría presupuesto autonómico, y si lo hiciera el 1 de enero de 2012, no podríamos gravar el presupuesto de la Comunidad en un momento de crisis con unas necesidades personales y materiales que no son de la Comunidad, sino que son del propio Ministerio de Justicia", ha aseverado el consejero.

En cualquier caso, Campos ha confirmado que viajará antes de que acabe el mes para reunirse con la directora general del Ministerio.

"Cuando se puedan asumir las competencias en condiciones óptimas para una mejor prestación del servicio público de la Justicia las asumiremos, y entretanto continuaremos con los trabajos y con las competencias o las derivaciones de las competencias de Justicia que tenemos", ha añadido.

Elecciones generales anticipadas

Campos, quien detecta un ambiente "preelectoral" en Madrid, ha añadido que, en el hipotético caso de que el Gobierno central adelante las elecciones generales a septiembre u octubre, el trabajo "estaría realizado para continuarlo con el nuevo Ejecutivo y con las mismas exigencias, que pasan por no condicionar el pago único a ningún criterio, así como el mantenimiento de la Oficina Judicial y su desarrollo por el Ministerio de Justicia hasta que sea plenamente operativa, con dotación de medios personales y materiales".

De la misma forma, también se ha mostrado contrario a "la extensión a ningún partido judicial de la Región, en tanto que no se consolide el nuevo marco operativo de la Justicia".

En el caso de un adelanto de las elecciones "las condiciones no cambiarían", y las transferencias "tienen un rigor presupuestario y una rentabilidad económica que hacen que el trabajo se mantenga intacto, incluso, con un nuevo gobierno". Así pues, ha asegurado que la Comunidad será igual de reivindicativo "a pesar del cambio de gobierno".

"El hecho de que cambie el gobierno no va a ser determinante para que asuma las competencias, sino que las asumiremos cuando el Gobierno regional tenga la seguridad de que la asunción no nos produce ningún trastorno en el desarrollo de la planificación presupuestaria de la Comunidad", según Campos.

Además, para llevarse a efecto la transferencia, campos ha añadido que se debe respetar el hecho de que "la prestación del servicio público de la Administración de Justicia mejora con la gestión de los recursos desde la Comunidad Autónoma".

Por lo tanto, ha estimado que es "obvio" que el Gobierno regional "no puede ir a la baja" aún en época de crisis, ya que "tenemos unas necesidades históricas y no podemos renunciar al pago único ni a esa cuantificación que rondaba los 70 millones de euros, con independencia de que otro Gobierno, incluso, pudiera tener pretensiones de hacer una rebaja en el presupuesto en matera de Justicia".

Campos ha avanzado que la Comunidad "será exigente" en estos puntos "sea del color que sea el nuevo Gobierno", y ha afirmado que si el Ejecutivo resultante "respeta las reglas del juego, los acuerdos preliminares y es razonablemente conocedor de la situación de la Justicia en Murcia, debe mantener como mínimo los parámetros acordados".

Así pues, ha añadido que "no se va a asumir una transferencia por asumirla", sino que se trata de ser "prudente" con la perspectiva de las reivindicaciones de los funcionarios en materia de complemento autonómico y la situación de desasosiego de los profesionales, que ven que la Oficina Judicial no está funcionando como debería, acumula retrasos importantísimos y la situación se dice caótica muchas veces".

Eso sí, ha garantizado que la Comunidad asumirá las transferencias "cuando estemos en condiciones de que se nos garanticen esas prestaciones en unas debidas condiciones". Para ello, ha dicho que el trabajo "está hecho y la relación con el Ministerio está ahí".