El Ararteko, Iñigo Lamarca, mantiene que Sortu "debería ser legal porque", conforma a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cumplen con la legalidad existente", por lo que "sería muy negativo para el Estado democrático de derecho de España" que el Tribunal europeo "condenase a España en un tema que es una parte del núcleo duro de cualquier democracia, como es el principio de participación política y el derecho a sufragio pasivo y activo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Lamarca ha explicado, en referencia a la legalización de Sortu y Bildu, que cuando el Ararteko hace una afirmación tiene que tener "siempre un estudio, un análisis detrás". "Yo no soy un opinador, sino que tengo que trasladar a la opinión pública aquellos estudios que hemos hecho nosotros o aquellos que hemos recibido o estudiado de otras instituciones", ha subrayado.

En ese sentido, ha explicado que cuando recibieron una queja sobre Aukera Guztiak "hicimos un estudio muy exhaustivo sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ese es el elemento, el material que hemos utilizado, entonces y ahora, para concluir en aquel caso que habría que reforzar el sistema de garantías de los procesos de legalización e ilegalización de partidos políticos y de candidaturas y el Tribunal Constitucional también se sumó a esta doctrina ya elaborada por el TEDH".

En el caso de Sortu y Bildu, ha recordado que publicó un artículo en el que recogía también esa jurisprudencia "y concluía en el caso de Sortu, y después de Bildu, que en ambos casos deberían de ser legales porque, conforme a esa jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos humanos cumplían con la legalidad existente". "El Tribunal Constitucional avaló esa posición con respecto a Bildu y queda pendiente todo lo relativo a Sortu, pero nos mantenemos en los argumentos que dimos en su día, porque son argumentos extraídos de la jurisprudencia del TEDH", ha reiterado.

Por ello, ha considerado que "sería muy negativo para el Estado democrático de derecho de España que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a España en un tema que es una parte del núcleo duro de cualquier democracia, como es el principio de participación política y el derecho a sufragio pasivo y activo".

Doctrina parot

También ha hecho referencia al debate que se inicia en el seno del Tribunal Constitucional sobre la 'doctrina Parot'. Según ha explicado, la institución del Ararteko tiene "un principio establecido y es que tanto en cuanto somos una institución creada por el Parlamento para velar por los derechos de la ciudadanía, nuestro mandato implica que los derechos, el ordenamiento jurídico, ha de interpretarse siempre en un sentido lo más favorable posible a los derechos de las personas".

Por tanto, ha precisado, "con carácter general somos siempre partidarios, también para aquellas personas que han sido condenadas por la comisión de un delito, cualesquiera que sea ese delito, para que la legislación se aplique de la mejor manera posible a los derechos de esas personas, que aun cuando están cumpliendo una condena son también titulares de unos derechos".

En ese sentido, ha recordado que la Constitución española "establece el principio de la reinserción y un límite en el cumplimiento de las penas y ese, por tanto, es el reglamento jurídico que tenemos".

En este caso concreto, Lamarca ha indicado que la institución de preside tiene que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, "porque tenemos vedado entrar en aquellas cuestiones que están siendo objeto de procedimientos judiciales y no digamos nada cuando es el Tribunal Constitucional el que estudia un caso". Por ello, ha insistido en que van a esperar que dictamina el Tribunal Constitucional, "pero nuestra posición, en términos generales, siempre es el principio" de velar por los derechos de la ciudadanía.

Víctimas del terrorismo

Respecto a las asociaciones de víctimas, Lamarca ha recordado que "existe una ley que reconoce el derecho a las víctimas de todos los grupos terroristas aprobada por consenso en el Parlamento vasco" y ha considerado que "hay que seguir trabajando para que esa ley se cumpla, porque esta ley se ha cumplido en parte y queda un recorrido para que se siga cumpliendo en diferentes ámbitos".

A su juicio, "es evidente que las víctimas del terrorismo todavía no tienen reconocido plenamente todos los derechos y todavía tenemos que trabajar muchísimo en Euskadi para que las políticas públicas y las actitudes sociales y los valores de respeto a los derechos humanos se plasmen debidamente en reconocer justamente los derechos de las víctimas y, sobre todo, el papel que deben jugar las víctimas del terrorismo en la memoria del País Vasco, además de todo lo relativo al resarcimiento, reconocimiento, justicia y verdad con respecto a las víctimas del terrorismo".

En su opinión, tanto la legalización como el reconocimiento de las víctimas "son cuestiones complementarias y todas ellas tiene como denominador común el seguir construyendo la democracia en Euskadi, porque en lo relativo a los valores de respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos tenemos mucho trabajo que hacer en todos los terrenos".