El presidente del Parlamento de Cantabria, José Antonio Cagigas, ha subrayado este lunes que el régimen electoral es "una pieza clave" del Estado Constitucional, en el sentido de que transforma los votos en escaños, habilita la participación política de los ciudadanos y "hace operativo el pluralismo político". Así, hablar de derechos políticos y electorales es "hablar de la esencia del juego democrático", ha apostillado.

El jefe del Legislativo autonómico se ha expresado así durante la inauguración de un curso sobre derechos políticos y electorales que se desarrollará hasta este viernes, 22 de julio, en la Cámara regional.

El seminario ha contado con la participación del vicepresidente de la Junta Electoral Central y magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández, quien ha defendido que el Constitucional no encontró pruebas suficientes para ilegalizar a Bildu y ha hecho hincapié en las dificultades para reformar la Ley de Electoral.

Cagigas planteó a los ponentes y a los alumnos una serie de preguntas sobre las que consideró "oportuno" que se pudiera "reflexionar y debatir".

Estas cuestiones son: "¿queremos un sistema que garantice el bipartidismo o es necesaria más pluralidad? ¿qué papel deben jugar los partidos nacionalistas o regionalistas? ¿se debe garantizar que la opción mayoritaria gobierne? ¿listas cerradas o listas desbloqueadas?".

Tras indicar que cada persona tendrá una opinión sobre estas cuestiones, el presidente del Parlamento opinó que "todos" deben estar de acuerdo en "luchar para evitar el transfuguismo".

Ilegalización de bildu

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández, ha recordado que este órgano planteo la ilegalización de la coalición electoral Bildu al entender que esa nueva formación había incurrido en fraude de ley y sus medios eran antidemocráticos, aunque luego el Constitucional no respaldó esa petición.

El experto ha asegurado que con actuaciones de este tipo "no se trata de ilegalizar ideas ni de ilegalizar fines de partidos políticos que pueden legítimamente propugnar el cambio del sistema".

Según ha afirmado, es necesario que los partidos políticos "se muevan dentro de una conducta democrática que no ponga en riesgo el sistema de valores y los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Tal y como dicho, el Tribunal Constitucional no negaba que un partido con mecanismos contrarios a los derechos fundamentales fuese un partido bien ilegalizado. Pero, según Fernández, el Constitucional entendió que no se contaba con pruebas que pudieran evaluarse para llegar a la conclusión de que Bildu debía ilegalizarse.

"La diferencia estriba no tanto en las premisas sino en la valoración de los indicios, el Constitucional consideró que las pruebas utilizadas por el Supremo para inhabilitar a la coalición no eran suficientes", ha señalado el magistrado durante su intervención en los Cursos de Verano de la UC.

El ponente también ha hablado sobre las competencias de la Junta Electoral respecto al movimiento 15M. Fernández, que además es vicepresidente de esta institución, ha explicado que este organismo no se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad de la iniciativa, sino que únicamente se ha limitado a ofrecer respuesta a las consultas que en determinado momento le realizaron el abogado del Estado y una Junta Electoral provincial.

La conclusión a la que llegó fue que celebrar "esas reuniones la víspera de las elecciones podrían perturbar la transparencia y normal desarrollo" del proceso, ha explicado.

Reforma de la ley electoral

Fernández también se ha referido la dificultad de llevar a cabo una reforma de la ley electoral, puesto que "se necesita la aprobación de una ley orgánica, que exige una mayoría cualificada en el Congreso y, por tanto, la coincidencia de los dos partidos mayoritarios", ha explicado.

El problema radica, a su juicio, en que el sistema actual no es proporcional, con lo que se benefician las opciones mayoritarias, situación a la que achaca la dificultad de conseguir que los dos partidos políticos principales se pongan de acuerdo para llevar a cabo una reforma, porque "su interés por el cambio no existe", ha afirmado el magistrado.

Por último, Fernández ha expuesto los que, desde su punto de vista, resultan aspectos beneficiosos y perjudiciales del sistema de voto y la ley electoral vigente.

Como elementos positivos ha destacado la permisión de una mejor gobernabilidad, la creación de partidos estables y la reducción de la complejidad de la sociedad española. Como aspectos negativos Fernández ha señalado la toma de decisiones de los políticos sin tener en cuenta a los votantes, la corrupción, las listas cerradas y bloqueadas que sólo permiten adherirse sin que exista personalización del voto, y la desigualdad del valor del voto en cada provincia.

Respecto a esto último, el especialista ha planteado varias propuestas: aumentar el número de escaños a 400, disminuir la representación mínima provincial de dos a una o sustituir la fórmula electoral vigente, el sistema D'Hont. SEMINARIO

El seminario, incluido en las actividades académicas de verano de la Universidad de Cantabria (UE), es el tercero y último de los que se celebrarán en la sede parlamentaria.

Al igual que los dos anteriores, que versaron sobre libertad religiosa y municipalismo, este tercer curso —'Los derechos políticos y electorales como derechos de participación democrática. Garantías en sus diferentes niveles'— está relacionado con el Parlamento en sí.

Dirigido por Francisco Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto de Derecho Parlamentario; y Jesús María Corona Ferrero, letrado secretario general del Parlamento de Cantabria, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria y miembro del Instituto de Derecho Parlamentario, el curso se centra en una cuestión de "mucha actualidad", ya que se sitúa entre las recientes elecciones autonómicas y municipales y la cita nacional, que se celebrará en los próximos meses.

El curso finalizará el viernes con una mesa redonda, a las doce del mediodía, sobre las próximas elecciones generales. Estará moderada por Pablo Santolaya y contará con la participación de los diputados en el Congreso, Jordi Jané i Guasch, de Convergencia i Unió, José Luis Ayllón del Partido Popular, y Eduardo Madina, del Partido Socialista.