La Audiencia de Valladolid juzgará el jueves, 21 de julio, al alcalde de la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, Óscar Soto, acusado de falsedad en documento oficial presuntamente cometido en marzo de 2008, cuando supuestamente manipuló un certificado municipal que legalizaba un expediente urbanístico sobre viviendas y almacén una parcela de municipio. Por estos hechos se enfrenta a cuatro años de prisión y una multa de 5.400 euros.

El juicio se pospuso tras la presentación, minutos antes del comienzo de la vista fijada inicialmente para el 3 de junio, de un informe pericial elaborado por expertos de la Guardia Civil de León que dejaría abierta la posibilidad de que el munícipe no sea autor del delito sino más bien víctima de un tercero que podría haber simulado su firma.

El informe pericial, elaborado el 19 de mayo de 2011 por la Guardia Civil de León y realizado a petición de la defensa, obtiene unas conclusiones que podrían entrar en clara contradicción con otra pericial practicada por la Policía Nacional de Valladolid, de fecha 15 de julio de 2009, ya que en esta última, que sirvió de base para la imputación de Óscar Soto, se determina que la firma que aparece en el documento falsificado pertenece al munícipe tudelano, mientras que del dictamen de la Benemérita se infiere que la rúbrica pudiera haber sido imitada por una tercera persona.

En este informe, que beneficia claramente los intereses del imputado, se apunta que la firma atribuida a Soto tiene trazos "temblorosos" y aparecen unos "surcos" que denotan que ha sido imitada por alguien, además de que el documento en sí habría sido totalmente falsificado, posiblemente mediante un escáner.

Cárcel e inhabilitación

Con carácter provisional, el Ministerio Fiscal solicita para el munícipe, cuyo partido ha sido el más votado en las últimas elecciones aunque ha perdido la mayoría, una pena de cuatro años de prisión, el pago de una multa de 5.400 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años.

Soto, quien ya este año ocupó banquillo en el Juzgado de lo Penal número 1 para responder de un delito de prevaricación, del que fue finalmente absuelto, habrá de aclarar el próximo día 21 de julio las circunstancias en las que el 7 de marzo de 2008 confeccionó un certificado firmado de su puño y letra en el que, en su condición de alcalde, atestiguaba que en sesión celebrada el día 9 de marzo de 1999 se adoptó por el Ayuntamiento de Tudela acuerdo legalizando un expediente sobre viviendas y almacén en una finca sita en la carretera de Villabáñez y Camino de Duero.

Dicha finca es parte de la Parcela 181 del Polígono 4, adquirida por Matías O.V. en escritura pública de 23 de noviembre de 2006, con la particularidad de que el supuesto acuerdo municipal que validaba su legalización no se correspondía con la realidad obrante en los Archivos Municipales.

El certificado, en el que no figuraba la necesaria firma del secretario y que adolecía de imprecisiones en cuanto al escudo y sello del Ayuntamiento de Tudela, fue presentado ante notario el día 6 de mayo de 2008 por el nuevo propietario, de quien no consta que conociera su falsedad, con el fin de tramitar la inscripción registral de la finca, algo que inicialmente no había conseguido ante la falta del referido documento.