El Grupo Municipal Socialista de Villaescusa llevará a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas las actuaciones de la alcaldesa, Almudena Gutiérrez, y del nuevo consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, por la contratación y abono con fondos municipales de los gastos e informes juridicos para denunciar ante los tribunales al ex alcalde socialista, Eduardo Echevarría.

Los socialistas de Villaescusa consideran "irregular" el pago con fondos municipales de los honorarios facturados por Javier Fernández, por la redacción de los informes que sustentaron la denuncia judicial de Almudena Gutiérrez contra Eduardo Echevarría, ya que el pleno del Ayuntamiento no ratificó esta denuncia.

Además, entienden que Fernández, al ser en aquel momento asesor jurídico del Ayuntamiento de Santander, era incompatible para realizar este trabajo profesional.

En un pleno extraordinario convocado a instancias del Grupo Socialista y celebrado el pasado 14 de Julio, la coalición de gobierno PP-PRC en el Ayuntamiento de Villaescusa rechazó con sus votos que se aprobara la propuesta socialista para que la alcaldesa reintegrara a las arcas municipales el importe de los gastos ocasionados al erario público con motivo de su denuncia contra Eduardo Echevarría.

Para ello fue preciso que en el momento de la votación y dada la ausencia de la Alcaldesa por tratarse de un punto que estaba relacionado con su persona, ejerciera como presidente el primer teniente de Alcalde, Constantino Fernández.

Este, según señalan, manifestó al incorporarse a la presidencia del pleno su actual situación de incapacidad laboral transitoria, presentando una autorización expresa de su médico para poder acudir a este pleno. De no estar presente por su baja laboral, el equipo de Gobierno PP-PRC hubiera perdido la votación, advierten.

Procesos judiciales

Los antecedentes de la convocatoria del pleno de ayer, se remontan a otro ordinario del 4 de mayo de 2009, cuando el Grupo Municipal Regionalista promovió a través de una moción que se iniciaran las labores de fiscalización de todos los expedientes urbanísticos municipales desde 1987 hasta 2008, durante los 21 años que fue alcalde Eduardo Echevarría.

Las presuntas irregularidades detectadas tras esta "auditoría urbanística", en cumplimiento del mandato plenario por medio de una moción presentada por el PRC, fueron denunciadas por la alcaldesa de Villaescusa en el juzgado, denuncia que no fue ratificada posteriormente por el Pleno ante la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en el Pleno del 2 de Noviembre de 2009.

Por lo tanto, los socialistas entienden que esta denuncia fue realizada "a título personal", y en consecuencia sus costes deben ser asumidos por la propia denunciante.

Tras haber sido archivada la denuncia por resolución de la Audiencia de Cantabria de fecha del pasado 27 de Mayo, en este Pleno los socialistas proponían la devolución al Ayuntamiento, por parte de la alcaldesa, de los gastos ocasionados por su denuncia hacia Eduardo Echevarría, así como los más de 11.000 Euros abonados por el informe redactado por el consejero Javier Fernández.