Agentes de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del distrito de El Carmen han detenido a diez personas, en los últimos tres meses, por simulaciones de delito, en su mayor parte robos con violencia e intimidación al objeto de generar un documento administrativo que sirviera de base para la reclamación fraudulenta ante compañías de seguros.

Así, se ha esclarecido el inexistente robo de un vehículo, denunciado para eludir el pago de las tasas administrativas correspondientes o el robo con fuerza en una cervecería denunciado para tratar de obtener una compensación económica de la compañía aseguradora.

En otra ocasión, se denunció un robo con fuerza en un domicilio que resulto ser falso, y que únicamente trataba de enmascarar la apropiación de algunos objetos por una de las partes, tras el fracaso de una relación sentimental.

La simulación de delitos, según fuentes policiales, está contemplada en el Código Penal español como un delito contra la Administración de Justicia, cuya comisión conlleva pena de multa de seis a doce meses, junto con la generación de antecedentes penales.

En muchas ocasiones, estas simulaciones tienen como objetivo la reclamación ante compañías de seguros, acción ésta también delictiva, si bien en este segundo acto la figura penal aplicable sería la de la falta o delito de estafa, dependiendo del importe defraudado.

La casuística es diversa, aunque en la mayoría de los casos consiste en denunciar un robo violento donde hubo un hurto o un simple extravío de efectos. Otras veces la denuncia responde a motivos como la venganza o elusión de algunas obligaciones.

Este tipo de denuncias fraudulentas suponen una importante distracción de efectivos policiales, que han de dedicarse a investigar supuestos robos violentos u otro tipo de infracciones, generalmente graves, que nunca tuvieron lugar.

Una vez remitidos los atestados a la autoridad judicial pueden conllevar la práctica de otras diligencias igualmente inútiles por la falta de veracidad de los hechos.

Por ello, la Policía advierte que estas actuaciones "atentan contra el correcto uso y funcionamiento de los mecanismos que la administración de justicia, y las fuerzas y cuerpos de seguridad ponen a disposición de los ciudadanos".