El portavoz de Interior y Emerxencias del Grupo Parlamentario del PSdeG, Juan Carlos Francisco Rivera, ha acusado este miércoles a la Xunta de "desmantelar la unidad de Policía Nacional adscrita (UPA)" y de "presionar" a los efectivos para incoar un mayor número de expedientes con el fin de "inflar" las cifras de imputados por incendios forestales.

Así, en rueda de prensa en Santiago, ha acusado al Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo de eliminar 50 patrullas de control y prevención incendios, al tiempo que se perdieron 80 plazas de agentes de esta unidad, hasta llegar al mínimo de 352, actualmente. Por ello, ha reclamado que Presidencia complete la plantilla de 500 agentes que tiene asignados.

Además, ha exigido a la Xunta que "deje de confrontar con el Gobierno del Estado" y que "ponga ya el dinero necesario para que Galicia cuente con más policías dedicados a prevenir e investigar los incendios". Ha incidido en que la situación "resulta especialmente dramática en Ourense", donde "únicamente 4 agentes están obligados a controlar e investigar a los incendiarios en todo el territorio de la provincia".

"inflar estadísticas"

Por otro lado, el parlamentario socialista ha acusado a Presidencia de "presionar a los policías" para "incoar diligencias que, por procedimiento, derivan en imputaciones" en los casos de incendiarios. A este respecto, aseguró que el Gobierno gallego obliga a abrir incidencias por cuestiones "meramente agrícolas" que "no tienen trascendencia penal ninguna".

En este sentido, Francisco Rivera ha advertido que "generan datos irreales" y ha reprobado que el objetivo de esta actuación es "inflar las estadísticas de detenidos" por incendios forestales.

Así las cosas, ha exigido al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que "cumpla con el convenio firmado con el Estado" por el que "la Xunta tiene que asumir la mitad de los gastos de personal de la UPA". Además, ha añadido que la críticas de la Xunta hacia el gobierno del Estado son "disculpas de mal pagador", y ha reclamado que "incluya" en los presupuestos del 2012 los 6,5 millones de euros que le corresponden pagar al Gobierno gallego".